En un nuevo capítulo de su ambicioso plan de ajuste estructural, el Gobierno del presidente Javier Milei anunció este viernes el inicio del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa estatal encargada del suministro de agua potable y saneamiento en la ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense.
La decisión contempla la transferencia del 90% de las acciones de AySA a manos privadas, a través de una licitación nacional e internacional combinada con una oferta pública inicial. El 10% restante quedará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
“El Estado no puede seguir financiando estructuras ineficientes que cuestan miles de millones de dólares a los contribuyentes”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. Según cifras oficiales, AySA ha requerido transferencias del Tesoro por más de 13.400 millones de dólares desde su estatización en 2006. Adorni también cuestionó el crecimiento de la planta laboral —que se duplicó— y un aumento en la morosidad de los usuarios.
Pese a los cuestionamientos del Ejecutivo, informes recientes de la propia AySA muestran que en 2024 la empresa logró cerrar con superávit, gracias a un ajuste tarifario implementado meses atrás. Este dato será utilizado por el Gobierno como argumento para atraer inversores, presentando a AySA como una empresa “saneada” y con potencial de rentabilidad.
La historia de la compañía está marcada por la tensión entre modelos de gestión pública y privada. AySA fue creada tras la salida de Aguas Argentinas —controlada por la multinacional francesa Suez—, cuyo contrato fue rescindido por incumplimientos en la calidad del servicio durante la gestión de Néstor Kirchner. Bajo administración estatal, la empresa amplió la cobertura de agua potable a más de 3 millones de personas y de redes cloacales a más de 2 millones entre 2006 y 2015.
Ahora, la administración Milei retoma el discurso privatizador de los años noventa, en nombre de la “modernización y eficiencia”. La privatización de AySA se suma a una serie de desinversiones estatales impulsadas bajo la Ley Bases, que ya incluyeron la venta parcial o total de empresas como Impsa, Enarsa, Intercargo, Corredores Viales y Belgrano Cargas.
Organizaciones sociales, sindicatos y expertos en políticas públicas han manifestado preocupación por el impacto que podría tener la privatización de un servicio esencial como el agua. Denuncian el riesgo de tarifazos, pérdida de control estatal sobre un recurso estratégico y posibles retrocesos en la cobertura en zonas vulnerables.
Mientras tanto, el Gobierno avanza sin titubeos, convencido de que achicar el Estado es el único camino hacia “la libertad económica” que promete Milei. La privatización de AySA, una de las empresas más sensibles del sector público, se perfila como un nuevo test clave para su proyecto político y económico.
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