El Gobierno de México rechazó el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que presenta un análisis parcial, desactualizado y sin rigor jurídico.
A través de un posicionamiento conjunto, autoridades federales señalaron que el documento no incorporó información reciente entregada por el Estado mexicano el pasado 27 de marzo, lo que —afirman— distorsiona las conclusiones sobre la situación actual del país.
Según el gobierno federal, el informe del Comité se enfoca en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, principalmente en administraciones anteriores y en casos localizados en algunas entidades, lo que limita su alcance.
Además, sostuvo que el mecanismo utilizado por el organismo internacional está diseñado para contextos donde las desapariciones son sistemáticas y generalizadas desde el Estado, una condición que —aseguró— no corresponde a la realidad actual de México.
Las autoridades también subrayaron que el propio Comité reconoce la ausencia de indicios sobre una política federal orientada a la desaparición forzada de manera sistemática.
En respuesta al informe, el Ejecutivo destacó una serie de reformas implementadas en los últimos años, entre ellas la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda, la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
Asimismo, enfatizó que actualmente existe la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte de desaparición, además de una mayor coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y autoridades federales.
El gobierno también lanzó críticas directas al Comité, al señalar deficiencias en la interpretación de instrumentos internacionales y advertir posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes.
Incluso, mencionó que existe evidencia de que al menos uno de los miembros ha trabajado con organizaciones que han presentado denuncias contra el Estado mexicano, lo que, según su postura, comprometería la imparcialidad del análisis.
A pesar del rechazo, el gobierno reiteró su disposición a colaborar con organismos internacionales, siempre que los diagnósticos reflejen la situación actual del país.
Finalmente, reafirmó su compromiso con la erradicación de las desapariciones forzadas, así como con el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda, identificación y acceso a la justicia para las víctimas.
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