El gobierno federal formalizó la puesta en marcha del nuevo mecanismo nacional para reforzar la reacción institucional ante reportes de desaparición, con el objetivo de garantizar una búsqueda inmediata y coordinada en todo el país.
La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y establece lineamientos obligatorios para autoridades federales, estatales y municipales, así como para instancias del sector privado y social.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el instrumento reconoce como eje central el derecho humano a ser encontrado y la obligación del Estado de asegurar una actuación rápida ante cualquier noticia, reporte o denuncia.
El protocolo detalla que, una vez que se tenga conocimiento de la desaparición, la autoridad correspondiente deberá realizar el registro inmediato en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y, en su caso, en la Base Nacional de Carpetas de Investigación. A partir de ese momento, se generará una ficha digital con datos esenciales como nombre, edad, fotografía reciente, señas particulares, condiciones de vulnerabilidad y un folio único de identificación.
La alerta se enviará de manera automatizada y simultánea a fiscalías especializadas, comisiones locales de búsqueda y dependencias de los tres órdenes de gobierno, quienes deberán emitir acuse de recibo y abrir un expediente físico o digital para dar seguimiento al caso.
Entre las obligaciones establecidas se encuentra la búsqueda de gabinete en bases de datos oficiales, así como la solicitud de colaboración a hospitales, servicios de emergencia, centros de rehabilitación y organizaciones civiles. También se prevé la activación de mecanismos complementarios como Alerta Amber México o la Interpol, cuando proceda.
En casos que involucren a personas migrantes extranjeras, se contempla la intervención del Instituto Nacional de Migración y de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ampliar la coordinación internacional.
El documento subraya que la alerta no tiene caducidad y permanecerá activa hasta que exista confirmación oficial de la localización. Asimismo, advierte que el incumplimiento de las obligaciones previstas podrá derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Como parte de su implementación, el protocolo será evaluado al menos cada seis meses con la participación de familiares de personas desaparecidas, con el fin de fortalecer su eficacia y ajustar procedimientos cuando sea necesario.
Fotos: Agencia Enfoque
