Cientos de niños migrantes fueron retenidos por más tiempo del límite legal en centros de detención de Estados Unidos durante el verano, según reconoció el propio Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un documento judicial que ha encendido alarmas entre defensores legales y organizaciones de derechos humanos.
La información fue presentada como parte de la histórica demanda que derivó en el Acuerdo de Flores, norma vigente desde los años 90 que obliga al gobierno federal a mantener a los menores en condiciones seguras, higiénicas y a no retenerlos por más de 20 días. La administración de Donald Trump busca poner fin a este acuerdo.
De acuerdo con un informe de ICE fechado el 1 de diciembre, alrededor de 400 niños fueron detenidos por encima del límite de 20 días entre agosto y septiembre, en lo que el propio gobierno clasificó como un problema “generalizado” y no restringido a una región o instalación particular. Las causas del retraso, según la agencia, se agrupan en demoras de transporte, necesidades médicas y procesos legales.
Sin embargo, los abogados de los menores sostienen que esos argumentos no justifican legalmente las prolongadas detenciones. En su presentación ante la corte citaron casos extremos, como cinco niños que permanecieron bajo custodia federal por 168 días a principios de este año.
Otro punto de preocupación es la renovada utilización de hoteles como espacios temporales de detención, una práctica que solo está permitida por hasta 72 horas. Los defensores cuestionaron los datos del gobierno y señalaron que no se explican por qué algunos menores superaron ese límite en habitaciones hoteleras.
Las condiciones dentro de instalaciones familiares, como el centro abierto este año en Dilley, Texas, siguen siendo motivo de alarma. En los reportes judiciales se documentan lesiones sin atención médica oportuna: un niño con una lesión ocular que no recibió revisión durante dos días, y otro que sufrió una fractura en el pie tras la caída de un poste de voleibol.
Los testimonios también describen comida en mal estado—incluyendo alimentos con gusanos—, así como episodios de diarrea, acidez y malestar estomacal. Un caso citado por los defensores indica que el personal médico dijo a una familia que solo regresara “si el niño vomitaba ocho veces”.
Jueza evaluará posible intervención judicial
La jueza Dolly Gee, del Distrito Central de California, encargada de supervisar el cumplimiento del Acuerdo de Flores, tiene programada una audiencia la próxima semana para revisar los informes. De acuerdo con especialistas en migración, Gee podría determinar si el tribunal debe intervenir ante los señalamientos de violaciones sistemáticas.
Defensores legales advirtieron que las fallas documentadas —desde la prolongación de detenciones hasta las deficientes condiciones sanitarias— representan riesgos graves para la salud y seguridad de cientos de niños migrantes y vulneran la normativa vigente que el gobierno está obligado a cumplir.
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