En una medida que ha encendido las alarmas entre defensores de derechos civiles y organizaciones migrantes, el gobierno de Estados Unidos autorizó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a acceder a datos personales de los beneficiarios del programa federal de salud Medicaid, lo que podría ser utilizado para rastrear y detener a personas migrantes en situación irregular.
De acuerdo con un reporte de la agencia The Associated Press (AP), el pasado lunes 14 de julio se firmó un acuerdo entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) para compartir datos sensibles de hasta 79 millones de personas que forman parte del sistema de salud pública en EE.UU. La información incluiría detalles étnicos y domiciliares.
“El ICE utilizará los datos del CMS para permitirle recibir información sobre la identidad y la ubicación de los extranjeros identificados por ICE”, cita AP del documento, que hasta ahora no ha sido divulgado oficialmente.
El medio estadounidense calificó esta maniobra como “la última escalada” en lo que describen como una ofensiva antimigrante del presidente Donald Trump.
Activistas y especialistas en derechos humanos han advertido que esta política podría tener consecuencias devastadoras, no solo para la población migrante sino para la confianza en el sistema de salud. “Este tipo de acciones pueden generar un efecto paralizante: las personas temerán acudir al hospital o a clínicas por miedo a ser detenidas”, advirtió un vocero de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
AP también señaló que iniciativas similares en el pasado han convertido espacios considerados seguros como escuelas, iglesias y hospitales en focos de vigilancia migratoria, sembrando temor incluso entre ciudadanos estadounidenses.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido comentarios públicos sobre la medida ni ha confirmado si este tipo de cooperación entre agencias se extenderá a otros programas sociales.
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