El gobierno de Estados Unidos planea deportar a cerca de 700 niños guatemaltecos no acompañados, una medida que ha encendido las alarmas entre legisladores y organizaciones de defensa de migrantes por el riesgo de violar tratados internacionales y los propios estándares de protección infantil del país.
La denuncia fue hecha por el senador demócrata Ron Wyden (Oregon), quien en una carta dirigida a Angie Salazar, directora interina de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), advirtió que las expulsiones atentan contra el “mandato de bienestar infantil” de dicha institución y ponen en entredicho la obligación de Estados Unidos de garantizar la seguridad de los menores migrantes.
“Los niños no acompañados son algunos de los más vulnerables confiados al cuidado del gobierno”, escribió Wyden, instando al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) a frenar los planes de deportación. “En muchos casos, estos niños y sus familias han tenido que tomar la impensable decisión de enfrentar el peligro y la separación en pos de seguridad”.
Deportación forzada y críticas crecientes
Según denunciantes citados en la carta, los menores que no cuenten con un patrocinador en Estados Unidos ni con un proceso de asilo en curso serían removidos a la fuerza del país. Esta política se sumaría a la escalada de acciones del gobierno de Donald Trump para restringir la inmigración, que incluyen redadas con agentes federales, incremento de deportaciones y la cancelación de programas de protección para comunidades migrantes.
Organizaciones de defensa como el Immigrant Defenders Law Center calificaron el plan como un ataque directo a los derechos de la niñez migrante.
“No nos engañan con su intento de disfrazar estos planes como meras ‘repatriaciones’. Este es otro intento calculado de cortar el poco debido proceso que queda en el sistema de inmigración”, denunció su directora ejecutiva, Lindsay Toczylowski.
Guatemala entre el silencio y la presión
Mientras la Casa Blanca y el HHS se han negado a comentar, el gobierno de Guatemala también declinó fijar postura oficial. Sin embargo, en julio pasado el presidente Bernardo Arévalo había anunciado un plan de retorno “voluntario” para 341 menores, alegando una “obligación moral y legal” hacia los niños migrantes.
El anuncio de Arévalo se produjo tras la visita a Guatemala de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, lo que sugiere que Washington presionó para acelerar repatriaciones bajo el argumento de evitar que los menores pasen a centros de detención para adultos al cumplir 18 años.
Riesgos de vulnerabilidad extrema
Los niños migrantes no acompañados, al ser detenidos en la frontera, pasan a custodia de la ORR, que los ubica en refugios temporales o con familias de acogida mientras se define su estatus. Pueden optar a asilo político, visas de protección por explotación sexual o estatus juvenil especial.
No obstante, la posibilidad de una deportación masiva deja a cientos de ellos en riesgo de ser enviados de regreso a las mismas condiciones de violencia, pobreza y falta de protección de las que escaparon.
“Esta medida amenaza con separar a los niños de sus familias, abogados y sistemas de apoyo, para devolverlos a las mismas condiciones de las que buscan refugio, y para hacer desaparecer a niños vulnerables más allá del alcance de la ley y supervisión estadounidense”, advirtió el senador Wyden.
El debate sobre el destino de los menores migrantes pone en tensión la política migratoria estadounidense en vísperas de un nuevo ciclo electoral y enfrenta a la administración Trump a fuertes críticas por la criminalización de la infancia migrante.
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