El gobierno de Israel oficializó este jueves 1 de enero de 2026 la suspensión de licencias a 37 organizaciones humanitarias internacionales que operan en la Franja de Gaza, una decisión que profundiza el asedio contra la población palestina y amenaza con retrasar aún más la entrada de ayuda vital al enclave.
La medida se sustenta en una nueva normativa que obliga a las ONG a entregar a las autoridades israelíes listados completos de sus empleados locales, bajo criterios de “seguridad y transparencia”. De acuerdo con el Ministerio israelí de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo, las organizaciones que no cumplan con estos requisitos verán suspendida su autorización para operar en Gaza.
“El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas no lo es”, señaló el ministro Amichai Chikli en un comunicado oficial, en el que aseguró que la principal falla detectada fue la negativa de las ONG a proporcionar información “completa y verificable” de su personal.
Entre las organizaciones afectadas figuran actores clave del sector humanitario mundial, como Médicos Sin Fronteras (MSF), Norwegian Refugee Council, Care, World Vision y Oxfam. MSF respondió que aplica políticas internas estrictas para evitar cualquier desvío de la ayuda, pero explicó que no entregó la lista de sus empleados ante la falta de “garantías y aclaraciones” por parte de Israel sobre una solicitud que calificó de preocupante.
La decisión ocurre en un contexto de creciente presión internacional. La Unión Europea exigió el levantamiento inmediato de los “obstáculos” al acceso de la ayuda humanitaria, mientras que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que estas “suspensiones arbitrarias” agravan una situación ya intolerable para la población de Gaza, incluso bajo el frágil alto el fuego vigente desde octubre.
En paralelo, la Knesset avanza en normativas para cortar el suministro de agua y electricidad a las instalaciones de la UNRWA, consolidando el bloqueo contra la infraestructura de asistencia de Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió la revocación inmediata de las leyes dirigidas contra la agencia, al considerar que son incompatibles con el estatus de la organización y buscan asfixiar la respuesta humanitaria ante la emergencia sanitaria.
El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, calificó la normativa israelí como un “precedente peligroso” y denunció un desprecio por el derecho internacional humanitario, así como la multiplicación de trabas burocráticas que impiden la entrega de ayuda.
La medida también fue cuestionada dentro de Israel. Un grupo de 17 organizaciones israelíes de izquierda condenó en un comunicado conjunto la eliminación de 37 ONG internacionales, al considerar que pone en peligro al personal humanitario, a las comunidades civiles y la eficacia de la distribución de la ayuda. Recordaron que, como potencia ocupante, Israel tiene la obligación de garantizar suministros suficientes a la población civil palestina.
Mientras tanto, organismos palestinos alertaron sobre el aumento de muertes de prisioneros debido a torturas y negligencia médica, así como sobre la devastación material en Gaza, donde cerca del 80 % de las edificaciones han sido destruidas y cientos de miles de familias permanecen desplazadas.
Las autoridades sanitarias del enclave informaron que, desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, la cifra de palestinos fallecidos asciende a 71 mil 266, con más de 171 mil heridos. En este escenario, la prohibición de operar a decenas de ONG amenaza con agravar una crisis humanitaria que organismos internacionales califican como catastrófica y sin precedentes.
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