Un juez federal en New Hampshire bloqueó este jueves a nivel nacional la controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump que pretendía eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, uno de los pilares históricos de la Constitución estadounidense y de su sistema migratorio.
La medida presidencial, anunciada por Trump en su segundo día de mandato, estaba prevista para entrar en vigor el próximo 27 de julio. Sin embargo, el juez Joseph Laplante —nombrado por el expresidente George W. Bush— determinó que revocar este derecho constitucional causaría “daños irreparables” y constituiría “un cambio abrupto de una política de larga data”.
“El derecho a la ciudadanía estadounidense es el mayor privilegio que existe en el mundo”, enfatizó Laplante en su fallo, al responder a una demanda colectiva presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). El juez concedió una pausa de siete días en la aplicación de su decisión para que el Gobierno pueda apelar.
La decisión representa un nuevo obstáculo judicial para el plan migratorio del mandatario republicano, que ha enfrentado múltiples desafíos legales desde su regreso al poder. Previamente, otras órdenes similares habían sido invalidadas por jueces estatales, pero el Tribunal Supremo dictaminó que los jueces locales no podían frenar órdenes con efectos federales, lo que abrió el camino para esta intervención a nivel nacional.
El juez Laplante ya había emitido en febrero un fallo similar, pero con un alcance limitado a miembros de ciertas organizaciones. Esta vez, el bloqueo es general y busca proteger tanto a los niños que están por nacer como a los que ya han nacido en territorio estadounidense.
Uno de los casos emblemáticos en la demanda es el de Barbara, una ciudadana hondureña solicitante de asilo que espera un hijo en octubre. Su situación simboliza la incertidumbre de miles de madres migrantes que podrían ver negada la nacionalidad a sus hijos nacidos en EE.UU. si la medida llegara a entrar en vigor.
La demanda argumenta que el derecho a la ciudadanía por nacimiento está garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución y por décadas de jurisprudencia que lo consagran como un “tesoro” del sistema democrático estadounidense.
Revocan acceso de indocumentados a fondos educativos
En paralelo, el Gobierno de Trump endureció aún más su política migratoria al eliminar una normativa que desde 1997 permitía a inmigrantes indocumentados acceder a fondos públicos para educación técnica, profesional y de adultos.
La secretaria de Educación, Linda McMahon, anunció que esta revocación entrará en vigor en agosto y acusó a la norma vigente, implementada durante la administración de Bill Clinton, de violar la Ley de Responsabilidad Personal y Reconciliación de Oportunidades de Trabajo (PRWORA).
Con estas acciones, la administración Trump reafirma su endurecimiento en materia migratoria, mientras los tribunales federales comienzan a marcar los límites legales y constitucionales de su agenda.
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