Una jueza federal bloqueó de manera temporal los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para deportar a decenas de niños migrantes de Guatemala y Honduras que se encuentran en refugios y hogares de crianza, argumentando que podrían estar en riesgo si son enviados de regreso sin las debidas garantías legales.
La jueza de distrito Rosemary Márquez, con sede en Tucson, extendió hasta al menos el 26 de septiembre una orden de restricción temporal emitida el fin de semana del Día del Trabajo. La magistrada expresó seria preocupación sobre la falta de coordinación de la administración Trump para localizar a los padres o tutores de los menores y garantizar su bienestar antes de su repatriación.
La demanda, presentada en Arizona por el Proyecto de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Florence, representa a 57 niños guatemaltecos y 12 hondureños de entre 3 y 17 años, quienes aseguran temer regresar a sus países de origen por riesgo de negligencia, tráfico infantil o problemas médicos sin atención adecuada.
“Los niños tienen derecho a presentar su caso ante un juez de inmigración y a recibir asesoría legal”, argumentaron los abogados, quienes denunciaron que el gobierno notifica de las deportaciones con poco tiempo de anticipación y en horarios que dificultan la defensa legal.
Por su parte, la fiscal asistente Denise Ann Faulk sostuvo que las repatriaciones fueron negociadas “a altos niveles diplomáticos” con los gobiernos de Guatemala y Honduras, y que buscan reunir a los menores con sus familias.
Márquez calificó de “aterrador” que los funcionarios no hubieran verificado adecuadamente la situación de los padres antes de ordenar el retorno de los niños. También cuestionó que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados esté tomando decisiones que deberían ser revisadas por jueces de inmigración.
El caso de Arizona se suma a demandas similares en Illinois y Washington, D.C., que buscan frenar las deportaciones aceleradas de menores no acompañados. Desde 2014, la llegada de niños solos a la frontera ha sido un reto constante para el sistema migratorio de Estados Unidos, aunque las detenciones han caído en los últimos meses a niveles no vistos en seis décadas.
La decisión de Márquez mantiene en suspenso las deportaciones y abre la puerta a que los niños puedan argumentar sus solicitudes de asilo o protección humanitaria ante un juez especializado.
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