Una jueza federal de distrito bloqueó la política de deportaciones rápidas del gobierno de Donald Trump, al considerar que vulnera el derecho al debido proceso de los migrantes indocumentados en Estados Unidos. El fallo representa un revés para la Casa Blanca, que busca convertir la expulsión inmediata en el eje de su estrategia migratoria.
La magistrada Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, emitió un dictamen de 48 páginas en el que cuestiona la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de expandir la “expulsión expedita” a cualquier persona que no pueda demostrar al menos dos años de residencia continua en el país. Hasta ahora, esta medida solo se aplicaba a migrantes detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera y con menos de dos semanas en territorio estadounidense.
“Priorizar la rapidez sobre todo lo demás llevará inevitablemente al Gobierno a expulsar erróneamente a personas a través de este proceso truncado”, advirtió Cobb. La jueza subrayó que el intento de la administración Trump de negar a los migrantes indocumentados protección bajo la Quinta Enmienda es “un argumento sorprendente” que, de aceptarse, pondría en riesgo no solo a extranjeros, sino a cualquier persona sujeta a la autoridad del Estado.
El fallo responde a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el grupo proinmigrante Make The Road New York, quienes denunciaron que la ampliación de las deportaciones rápidas viola la Constitución, así como las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo.
La medida frenada era parte central de la promesa de Trump de llevar a cabo una operación masiva de deportación si retornaba a la Casa Blanca, con la meta de un millón de expulsiones anuales en un eventual segundo mandato. Desde enero, su administración había instruido a agentes de ICE a detener migrantes en cortes y espacios públicos para reactivar sus casos bajo la vía acelerada.
Aunque el gobierno puede apelar la decisión, el fallo de Cobb se suma a otros reveses judiciales recientes contra la estrategia migratoria de Trump, incluida la suspensión de la aplicación de la deportación expedita para migrantes que habían ingresado legalmente mediante permisos humanitarios.
La jueza insistió en que el Ejecutivo tiene autoridad para aplicar la deportación rápida en la frontera, pero no para extenderla indiscriminadamente al interior del país sin garantías mínimas: “Si el Gobierno amplía este poder a miles de personas que nunca habían estado sujetas a un proceso sumario, debe asegurar el debido proceso”.
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