La jueza federal Kathleen Williams reafirmó su orden de desmantelar el centro de detención de migrantes instalado en los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los Caimanes”, pese a la apelación presentada por el gobierno de Estados Unidos y a las advertencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre un impacto en la aplicación de las leyes migratorias.
La decisión impide el ingreso de nuevos detenidos y ordena la reducción progresiva de la población de la instalación en un plazo de 60 días. Posteriormente, deberán retirarse cercas, torres de iluminación, generadores y demás estructuras levantadas en el área natural protegida.
El centro, construido de emergencia en un antiguo aeropuerto de entrenamiento militar, fue inaugurado oficialmente el 1 de julio con grandes carpas blancas y jaulas de alambre para albergar a migrantes. En apenas semanas, Florida comprometió más de 245 millones de dólares en contratos, incluyendo unos 50 millones para servicios sanitarios que, según denuncias de organizaciones de derechos humanos, resultaron deficientes.
Costos millonarios para Florida
El cierre podría significar pérdidas por 218 millones de dólares para los contribuyentes de Florida, ya que esa fue la inversión estatal en la reconversión del aeropuerto. Además, desmantelar la infraestructura tendrá un costo inmediato de entre 15 y 20 millones de dólares, y reinstalarla en caso de reapertura supondría un gasto similar.
El gobierno del republicano Ron DeSantis ha defendido la instalación como parte de su política de endurecimiento migratorio. Incluso el presidente Donald Trump visitó el complejo en julio y lo calificó como “modelo” para futuros centros de detención.
Batalla legal y ambiental
La orden judicial responde a una demanda presentada por grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee, quienes advirtieron que el centro pone en riesgo humedales de alto valor ecológico y amenaza décadas de inversión en la restauración de los Everglades. La jueza coincidió en que tanto el estado como las agencias federales incumplieron con la obligación de realizar una revisión ambiental.
El DHS ha insistido en que la ley ambiental federal no aplica a estados como Florida y que no destinó fondos propios a la construcción del centro. Sin embargo, el fallo subraya que la reducción de operaciones no impedirá al gobierno federal continuar con su política migratoria trasladando a los detenidos a otras instalaciones.
Mientras tanto, observadores locales han reportado el retiro de carpas y la disminución del número de internos, que, según documentos internos de la División de Manejo de Emergencias de Florida, podrían llegar a cero en cuestión de días.
Nuevos litigios
El “Alcatraz de los Caimanes” enfrenta ya tres demandas: la ambiental liderada por los Miccosukee; otra por organizaciones civiles que denuncian la falta de acceso de los detenidos a asistencia legal; y una tercera, presentada la semana pasada en Fort Myers, que señala “problemas graves” en las condiciones de detención.
Pese al revés judicial, el gobierno de DeSantis se prepara para abrir un segundo centro de detención, bautizado como “Depósito de Deportación”, en una prisión estatal del norte de Florida.
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