El Poder Judicial del Estado de Puebla recibió 14 mil 138 demandas en materia laboral entre 2020 y 2025, pero solo mil 809 quedaron resueltas dentro de ese mismo periodo. La cifra equivale apenas al 12.79 por ciento del total de asuntos ingresados, lo que exhibe un rezago importante en la atención de conflictos entre trabajadores y empleadores.
La información proviene de registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que ubican a Puebla dentro del panorama nacional de justicia laboral. En todo México, durante el mismo periodo, se resolvieron 139 mil 018 juicios laborales, mientras que en la entidad poblana el número de resoluciones se mantuvo bajo frente al volumen de demandas recibidas.
El rezago se observa también en los expedientes que continúan sin una salida definitiva. De acuerdo con los datos proporcionados, 7 mil 208 procesos laborales iniciados entre 2020 y 2025 permanecen abiertos y pendientes de resolución. Esta cantidad representa más de la mitad del total de las demandas recibidas en el periodo, lo que refleja una carga institucional que sigue acumulándose.
Con estos números, Puebla se ubicó como la doceava entidad del país con más expedientes laborales abiertos y en el lugar 15 por número de demandas resueltas. La diferencia entre asuntos ingresados, expedientes pendientes y resoluciones pone en cuestión la capacidad del aparato judicial local para responder de manera oportuna a casos que impactan directamente en derechos laborales, salarios, despidos, prestaciones y condiciones de trabajo.
Pocos órganos laborales frente a miles de expedientes
Uno de los factores que ayuda a dimensionar el problema es la infraestructura judicial disponible. Según el reporte, Puebla cuenta únicamente con cinco órganos jurisdiccionales en materia laboral para atender los conflictos entre personas trabajadoras y empleadores. Esta cifra sigue la tendencia de la mayoría de los estados del país, donde existen entre uno y seis órganos de este tipo.
Sin embargo, la comparación con entidades de mayor capacidad institucional muestra una brecha relevante. Estados como Jalisco, Veracruz, Ciudad de México y Estado de México cuentan con entre 10 y 30 órganos jurisdiccionales laborales, lo que amplía su margen operativo para distribuir cargas de trabajo, atender audiencias y resolver expedientes. En Puebla, la disponibilidad limitada de órganos puede convertirse en un cuello de botella para quienes buscan justicia laboral.
El rezago no es un dato menor porque detrás de cada expediente existe un conflicto que puede afectar ingresos familiares, estabilidad económica o continuidad laboral. Una demanda sin resolver implica incertidumbre para trabajadores y empleadores, pero especialmente para quienes dependen de una resolución para recuperar pagos, acreditar derechos o cerrar un proceso derivado de una relación laboral rota.
El informe también expone una desigualdad en la integración de quienes juzgan estos asuntos. En Puebla, el 40 por ciento de las personas juzgadoras en materia laboral son mujeres y el 60 por ciento son hombres. Con ello, la entidad se ubica entre los diez estados con menor proporción de mujeres juzgadoras, junto con Sinaloa, Oaxaca, Baja California Sur, Tamaulipas y Yucatán. La cifra agrega otro ángulo al diagnóstico: además del rezago en expedientes, la justicia laboral poblana enfrenta el reto de fortalecer su capacidad, eficiencia y representación interna.
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