El caso de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño de 30 años convertido en símbolo de la política migratoria más dura de Donald Trump, volvió a los tribunales esta semana. Sus abogados solicitaron asilo en Estados Unidos con la esperanza de frenar la deportación que el gobierno busca ejecutar hacia Uganda, un país con el que, según críticos, la Casa Blanca habría pactado un acuerdo político para aceptar migrantes deportados.
Ábrego fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el lunes en Baltimore, días después de salir de una prisión en Tennessee. La administración Trump sostiene que es miembro de la pandilla MS-13, acusación que él niega y que nunca ha derivado en cargos penales en su contra.
La historia legal de Ábrego es compleja. En 2019, un juez de inmigración rechazó su primera solicitud de asilo por haberla presentado fuera del plazo establecido, pero lo protegió de ser enviado a El Salvador debido a amenazas creíbles de pandillas. Esa orden no impidió que, en marzo pasado, fuera deportado ilegalmente a una cárcel salvadoreña. Tras la intervención de la Corte Suprema, el gobierno estadounidense tuvo que repatriarlo en junio.
Ahora, en un giro inesperado, las autoridades pretenden enviarlo a Uganda. Sus abogados denuncian que esta medida es un castigo por su resistencia a declararse culpable de cargos de tráfico de personas y por haber impugnado con éxito su expulsión anterior.
“La administración está usando Uganda como una vía de escape para sortear las restricciones legales”, acusaron en una demanda presentada en Maryland, donde señalan que el traslado equivaldría a exponerlo a tortura y persecución en un país con el que no tiene vínculos.
La jueza federal Paula Xinis frenó temporalmente la deportación y ordenó que Ábrego permanezca bajo custodia dentro de un radio de 320 kilómetros de Maryland hasta que se celebre una audiencia probatoria el próximo 6 de octubre. Si bien Xinis no decidirá directamente sobre el asilo, sí garantizará que el proceso judicial se lleve a cabo sin violaciones constitucionales.
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