La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) anunció este miércoles el “cese del paro nacional”, luego de más de un mes de protestas contra las medidas económicas del presidente Daniel Noboa, en especial la eliminación del subsidio al diésel, que encareció el galón de 1,80 a 2,80 dólares. La decisión llega, según la organización, ante la “brutal represión” estatal, que dejó tres personas muertas, 296 heridas, 205 detenidas y 15 desaparecidas temporalmente, de acuerdo con la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador.
“Frente a esta realidad, hemos tomado una decisión difícil, pero necesaria: el cese del paro, despejar las vías y replegarnos a nuestros territorios para proteger la vida de nuestra gente”, declaró el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, en un mensaje difundido por redes sociales.
Vargas exigió al Gobierno la desmilitarización inmediata de las comunidades, la liberación de los detenidos y reparación integral a las familias de las víctimas.
Durante las semanas de movilización, el Gobierno respondió con un despliegue militar sin precedentes, amparado en el estado de excepción que prohíbe los bloqueos de carreteras. Las imágenes de disparos directos al cuerpo de manifestantes, allanamientos de viviendas y el uso indiscriminado de gases lacrimógenos recorrieron el país.
Entre las víctimas mortales se encuentran Efraín Fuerez, comunero de 46 años; José Guamán, de 30, ambos muertos por impactos de bala; y Rosa Elena Paqui, de 61, fallecida por asfixia tras inhalar gases lacrimógenos.
La Alianza por los Derechos Humanos denunció que el Estado utilizó incluso un supuesto “convoy humanitario” que en realidad sirvió para intensificar la represión, al que las comunidades bautizaron como “convoy de la muerte”.
Lo que comenzó como una protesta contra el incremento del combustible evolucionó en un levantamiento nacional con un pliego de demandas más amplio: reducción del IVA del 15% al 12%, aumento del salario básico, mayor inversión social, defensa del territorio frente a la minería y rechazo a la consulta popular del 16 de noviembre, impulsada por Noboa, que incluye la posibilidad de una Asamblea Constituyente y la instalación de bases militares extranjeras.
La provincia de Imbabura se convirtió en epicentro del conflicto, mientras los cortes de vías se replicaban en Pichincha, Cotopaxi, Loja y Azuay. Pese a los llamados al diálogo, el Ejecutivo optó por la confrontación.
El ministro del Interior, John Reimberg, llegó a advertir: “A partir de ahora cualquier cosa que ocurra será responsabilidad de ellos”, una frase que la Conaie calificó como “una amenaza abierta”.
Noboa entre la represión y la crisis política
Con apenas un año en el poder, Noboa enfrenta una caída acelerada de su popularidad. Analistas sostienen que subestimó la capacidad de organización indígena y apostó por el desgaste y el miedo, en lugar de buscar una salida negociada.
“El Gobierno no puede imponer con quién dialogar; si las comunidades no reconocen al interlocutor, el diálogo no funciona”, explicó el exministro de Gobierno Francisco Jiménez, crítico de la estrategia oficial.
La fractura entre el Estado y los pueblos originarios se profundiza en un contexto de crisis económica y social. Las organizaciones indígenas acusan a Noboa de imponer un modelo neoliberal dictado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras millones de ecuatorianos enfrentan un alza generalizada en los precios de alimentos y transporte.
Aunque la Conaie decidió cesar los bloqueos, su dirigencia advirtió que la movilización continuará desde los territorios y con la campaña por el “No” en la consulta popular, a la que califican como una maniobra para consolidar el poder presidencial.
“El cese del paro no significa rendición —subrayó Vargas—. Nuestra lucha continúa en defensa de la democracia y los derechos del pueblo.”
Mientras tanto, el Gobierno intenta contener el costo político de una crisis que evidenció la desconexión de Noboa con los sectores populares y la vuelta de los fantasmas autoritarios en un país que ya ha vivido el peso de la represión estatal.
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