Una demanda federal presentada este miércoles acusa al gobierno del presidente Donald Trump de ejecutar una política migratoria que ha sumido al sur de California “bajo asedio”, mediante redadas indiscriminadas que afectan de forma desproporcionada a personas de piel morena.
La querella, interpuesta en un tribunal de distrito, denuncia que agentes federales han detenido de manera violenta a inmigrantes sin causa probable, irrumpiendo en espacios públicos como esquinas de calles, paradas de autobús, sitios agrícolas y zonas de reunión de jornaleros. Las redadas, señalan los demandantes, se realizan sin respetar garantías constitucionales y sin que medie orden judicial.
La demanda se centra en los casos de tres inmigrantes detenidos, además de incluir a varios grupos de derechos civiles y a dos ciudadanos estadounidenses, uno de los cuales fue retenido por los agentes migratorios a pesar de haber mostrado su identificación. También denuncia que las personas detenidas han sido mantenidas en condiciones “parecidas a mazmorras”, sin acceso inmediato a representación legal.
Ante las acusaciones, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, rechazó que las operaciones tengan un sesgo racial. En un comunicado, calificó como “repugnantes y categóricamente falsas” las afirmaciones de que las fuerzas del orden apuntan a personas por el color de su piel. McLaughlin, aseguró que los detenidos reciben alimentos, atención médica y pueden comunicarse con abogados y familiares.
Esta demanda surge días después de que el gobierno federal demandara a la ciudad de Los Ángeles por mantener políticas de “ciudad santuario”, que limitan la cooperación de autoridades locales con agencias federales migratorias.
En paralelo, se han producido protestas masivas en la ciudad en rechazo a las redadas y al despliegue de la Guardia Nacional y marines, lo cual ha derivado en enfrentamientos con la policía. Las autoridades locales han procesado a más de 40 personas por violencia y vandalismo, incluidos ataques a caballos policiales y agentes. Además, 14 personas enfrentan cargos federales por agredir a oficiales con bloques de cemento, bombas molotov y por conspirar para evitar detenciones.
La denuncia, que podría marcar un nuevo precedente legal en la defensa de los derechos de inmigrantes, busca que un juez federal ordene frenar lo que define como un “patrón sistemático de abusos” por parte del gobierno estadounidense en la región de Los Ángeles.
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