El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Justicia a procesar penalmente a quienes quemen la bandera nacional, pese a que la Corte Suprema ya ha establecido que este acto constituye una forma legítima de expresión política protegida por la Primera Enmienda.
La disposición presidencial contempla una pena de hasta un año de cárcel sin libertad anticipada para los responsables, además de sanciones migratorias en caso de que los infractores sean extranjeros, quienes podrían enfrentar la revocación de visas, permisos de residencia o incluso la deportación.
El decreto reconoce el fallo histórico de 1989, cuando el máximo tribunal —en una decisión dividida 5-4 en el caso Texas vs. Johnson— determinó que la quema de la bandera forma parte de la libertad de expresión. Incluso el fallecido juez conservador Antonin Scalia, a quien Trump ha citado en varias ocasiones como referente, respaldó aquel fallo. No obstante, el presidente republicano argumentó que existen márgenes para procesar a quienes realicen estas acciones si estas incitan disturbios o violencia.
“Quemar la bandera incita disturbios a niveles nunca antes vistos”, afirmó Trump en el Despacho Oval, aunque no ofreció ejemplos concretos que sustentaran su afirmación. “Si queman una bandera, les caerá un año de prisión, y esto quedará en su expediente”.
La orden describe la profanación del emblema nacional como un acto “únicamente ofensivo y provocativo”, una muestra de “desprecio, hostilidad y violencia contra nuestra Nación”.
Además, Trump aprovechó para calificar de “muy triste” a la Corte Suprema que falló a favor de proteger la quema de banderas como expresión política: “Lo llamaron libertad de expresión, pero lo que sucede cuando quemas una bandera es que el área se vuelve loca”.
El presidente también firmó otras dos órdenes ejecutivas que eliminan la posibilidad de libertad bajo fianza en efectivo para personas detenidas en Washington D. C. y en jurisdicciones con políticas similares, bajo el argumento de garantizar “seguridad y limpieza” en el país.
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