Las posibilidades de que los solicitantes de asilo logren protección en Estados Unidos se han reducido drásticamente tras una serie de decisiones judiciales y administrativas que endurecen el proceso.
Un reciente fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) —conocido como Matter of HAAV— ha generado especial preocupación entre abogados y defensores de migrantes, al autorizar a los jueces a desestimar de manera expedita solicitudes consideradas “infundadas” sin necesidad de celebrar una audiencia.
Actualmente, las cortes de inmigración estadounidenses enfrentan un atasco histórico de 3.8 millones de casos, de los cuales cerca de 2.4 millones corresponden a solicitudes de asilo. Con la nueva directriz, algunos tribunales —como los de Los Ángeles— han incrementado la cantidad de audiencias diarias de tres a casi nueve.
A los obstáculos judiciales se suma un nuevo requisito económico: el pago anual de 100 dólares impuesto por el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) a todo solicitante con un caso activo entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. El plazo para cumplir con el pago vence el 31 de octubre, y muchos inmigrantes no han sido informados oportunamente.
El endurecimiento del sistema no se limita a los tribunales. La fiscal general Pam Bondi ha restablecido criterios restrictivos aplicados durante el gobierno de Donald Trump (2017–2021), que impiden a víctimas de violencia doméstica, pandillas o persecución no estatal acceder al asilo.
Estas medidas revierten las disposiciones más flexibles adoptadas durante la administración de Joe Biden, que habían permitido mayor margen para que los solicitantes presentaran pruebas y testimonios sobre su situación.
Con esta serie de decisiones, los expertos temen que miles de casos sean desestimados sin revisión completa, reduciendo drásticamente las posibilidades de obtener refugio humanitario en Estados Unidos.
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