El gobierno de transición en Perú ha iniciado una ofensiva policial y militar bajo el paraguas de un nuevo estado de emergencia, decretado por 30 días en Lima y el Callao. La medida, presentada como una “guerra contra la delincuencia”, incluye redadas, requisas carcelarias y limitaciones a derechos fundamentales, en una estrategia que muchos observadores consideran más espectacular que estructural.
Durante la madrugada del miércoles, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó el Plan “Destello”, que promete una “nueva ofensiva contra la delincuencia”. Los primeros resultados incluyen la detención de 24 personas —21 de ellas extranjeras— acusadas de robo agravado y narcotráfico. En paralelo, el ministro de Justicia, Walter Martínez, anunció intervenciones simultáneas en las prisiones de Lurigancho y Ancón, donde se decomisaron armas blancas, celulares y hasta un dispositivo satelital.
Sin embargo, junto con las operaciones llegaron las restricciones a derechos civiles: suspensión de la inviolabilidad del domicilio, prohibición de reuniones públicas y limitación de visitas a cárceles a una cada quince días. Además, el Ejecutivo ordenó un “apagón electrónico” en los penales —solo habrá energía para iluminación— y prohibió que dos personas viajen en motocicleta, una medida ya criticada por sectores ciudadanos y de transporte.
El presidente de transición, José Jerí, defendió la decisión asegurando que el país está “cambiando la historia en la lucha contra la inseguridad”, pero en los hechos la estrategia recuerda a las declaratorias de emergencia de gobiernos anteriores, incluyendo las de Dina Boluarte, que también militarizaron la seguridad interna con resultados limitados.
El argumento de un “nuevo enfoque” suena más retórico que sustantivo. Expertos en seguridad consultados por medios locales señalan que el despliegue militar puede tener efecto inmediato en la percepción pública, pero no ataca las raíces del crimen: la corrupción policial, el hacinamiento penitenciario y la débil capacidad investigativa del Estado.
Además, organizaciones de derechos humanos advirtieron que la suspensión de libertades básicas abre la puerta a abusos y detenciones arbitrarias, especialmente en zonas populares donde la frontera entre control y represión suele ser difusa.
Un gobierno bajo presión
El Ejecutivo transitorio enfrenta una crisis de legitimidad y presión social creciente tras las protestas por inseguridad y la destitución de Boluarte el 9 de octubre. Las redadas de hoy parecen buscar un golpe de efecto que devuelva autoridad al gobierno, más que una política de seguridad sostenible.
Mientras tanto, el hacinamiento carcelario —que supera el 130%— y la precariedad de las instituciones judiciales siguen intactos. Las medidas punitivas en los penales, como los cortes eléctricos y la reducción de visitas, podrían profundizar las tensiones internas en lugar de resolverlas.
En su discurso, el presidente Jerí afirmó que “las guerras se ganan con acciones, no con palabras”. Pero en un país que ha vivido años de estados de emergencia casi continuos, la ciudadanía empieza a preguntarse si esta nueva “ofensiva” no será solo otra maniobra temporal de control político envuelta en un lenguaje de seguridad nacional.
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