Durante los primeros meses de 2026, Puebla acumuló 52 carpetas de investigación por privación ilegal de la libertad, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) El delito se registró en 25 municipios de la entidad, lo que muestra que tuvo presencia en distintas regiones del estado.
El informe de incidencia delictiva señala que las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla tuvieron un comportamiento variable entre enero y mayo. El año inició con nueve casos en enero, bajó a seis en febrero, repuntó a 15 en marzo, descendió a ocho en abril y volvió a subir a 14 carpetas en mayo, uno de los niveles más altos del periodo.
La privación ilegal de la libertad ocurre cuando una persona es retenida o se le impide trasladarse libremente sin una causa legal que lo justifique. Este delito vulnera uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía y puede presentarse mediante encierros, retenciones o restricciones de movilidad en contra de la voluntad de la víctima.
La ciudad de Puebla encabezó el listado estatal, al concentrar 15 denuncias durante los primeros cinco meses del año. Al ser el municipio más poblado de la entidad, la capital aparece como el principal punto con investigaciones iniciadas por este delito, por encima del resto de las demarcaciones incluidas en el reporte.
Puebla capital y Huauchinango encabezan denuncias por este delito
Después de la capital poblana, Huauchinango ocupó la segunda posición con cinco carpetas de investigación. Le siguieron Atlixco y San Andrés Cholula, con tres casos cada uno, mientras que Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Tepeyahualco y Teziutlán registraron dos denuncias cada uno.
El reporte también incluye municipios con una sola carpeta de investigación en el periodo analizado. Entre ellos se encuentran Acatlán, Ajalpan, Amozoc, Atzitzintla, Calpan, Coyomeapan, Cuautempan, Cuautlancingo, Esperanza, Izúcar de Matamoros, Libres, Palmar de Bravo, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula, Venustiano Carranza y Xicotepec. Esta distribución evidencia que el delito no se limita a la zona metropolitana, sino que aparece en distintas regiones del estado.
A pesar de los casos registrados, Puebla se ubicó en la posición 20 de las 32 entidades federativas con mayor número de denuncias por privación ilegal de la libertad. Esto la mantiene fuera del grupo de estados con mayor incidencia a nivel nacional, aunque las 52 carpetas reflejan que se trata de una problemática que requiere seguimiento institucional y atención a las víctimas.
A nivel nacional, Sinaloa encabezó la incidencia con 570 carpetas de investigación entre enero y mayo de 2026. Le siguieron el Estado de México, con 490 casos; Hidalgo, con 352; Baja California, con 217; y Jalisco, con 210. En contraste, Chiapas, Durango y Yucatán no registraron denuncias durante el periodo, mientras que Tlaxcala reportó dos casos y Campeche acumuló nueve.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Puebla, la privación ilegal de la libertad puede castigarse con penas de uno a tres años de prisión, además de multas económicas para los responsables. Las sanciones pueden aumentar cuando existen agravantes, como la edad de la víctima o el tiempo durante el cual permaneció privada de su libertad. En conjunto, las cifras muestran que, aunque Puebla no está entre las entidades con mayor incidencia nacional, el delito mantiene presencia en distintos municipios y representa un riesgo para la integridad de la población.
Ilustración: Iván Rojas
