El estado de Puebla enfrenta un desafío estructural en materia educativa, al posicionarse como una de las entidades con mayor incidencia de trabajo infantil en el país, con al menos 285 287 niñas, niños y adolescentes en esta situación, lo que representa una barrera significativa para garantizar su acceso pleno a la educación, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo.
El impacto más directo se refleja en la asistencia escolar, ya que la dependencia federal advierte que uno de cada cuatro menores que trabaja no acude a la escuela, evidenciando así una relación estrecha entre el trabajo infantil y el rezago educativo. Esta situación limita el desarrollo académico desde edades tempranas y reduce las oportunidades de formación a largo plazo.
El fenómeno también presenta una marcada diferencia de género. Según el informe, 170 752 niños y adolescentes varones realizan actividades no permitidas, frente a 114 535 niñas, lo que indica que el problema se concentra principalmente en el sector masculino. Esta tendencia responde a dinámicas sociales en las que los hombres son incorporados con mayor frecuencia al ámbito laboral.
Por grupos de edad, la problemática se concentra principalmente en adolescentes de 15 a 19 años, con más de 139 000 casos, seguidos por menores de 10 a 14 años. Resulta especialmente alarmante que 35 950 niñas y niños de entre 5 y 9 años ya se encuentren trabajando, lo que afecta directamente etapas fundamentales del aprendizaje básico.
Además, la Secretaría del Trabajo señala que 166 225 menores realizan actividades por debajo de la edad mínima permitida o en condiciones peligrosas, lo que agrava el panorama educativo. Estas circunstancias no solo vulneran sus derechos, sino que dificultan la permanencia en la escuela y aumentan el riesgo de abandono escolar.
El rezago educativo se refleja en los niveles de escolaridad alcanzados: 73 593 menores no cursan ningún grado escolar, lo que representa más del 25 % del total; más de 69 000 no han terminado la primaria y más de 60 000 no concluyen la secundaria, evidenciando una interrupción constante en su formación académica.
Aunque algunos logran avanzar hacia niveles superiores, con más de 45 000 menores que han alcanzado algún grado de bachillerato, la proporción sigue siendo limitada frente al total. El trabajo infantil se consolida como uno de los principales factores que condicionan el acceso y la permanencia educativa, lo que refuerza la necesidad de impulsar políticas públicas que prioricen la protección de la infancia y el derecho a la educación.
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