A más de un año de que el Congreso del Estado de Puebla aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, en lo que va de 2025 se han registrado cuatro denuncias por la interrupción del embarazo, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los municipios que concentraron estas denuncias son Libres, Atlixco y Puebla capital. En Libres se reportaron dos casos (abril y junio), mientras que en Atlixco y la capital poblana se presentó uno en cada localidad (marzo y agosto). Todas las carpetas de investigación fueron iniciadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aunque no se ha precisado si las denuncias corresponden a procedimientos realizados fuera del periodo permitido por la ley, el marco legal establece que quienes interrumpen su embarazo después de las 12 semanas enfrentan penas de seis meses a un año de cárcel.
En tanto, quienes practiquen el procedimiento pueden recibir condenas de uno a tres años de prisión, y las sanciones aumentan hasta cuatro a diez años si se comprueba que una persona obligó a otra a abortar.
Congreso alista leyes secundarias sobre aborto
En paralelo, el Congreso de Puebla anunció que en este periodo ordinario planea aprobar las leyes complementarias sobre la interrupción legal del embarazo.
La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García, detalló que ya se presentaron las iniciativas para modificar y derogar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con el fin de garantizar el acceso pleno a este derecho.
Entre las propuestas se contempla que las personas gestantes no tengan que presentar denuncia en caso de haber sido víctimas de violencia, así como el reconocimiento de la objeción de conciencia médica, siempre y cuando los doctores canalicen a las pacientes con otros especialistas.
Con estas medidas, Puebla busca armonizar su marco normativo y garantizar que la interrupción legal del embarazo pueda ejercerse en condiciones de seguridad, respeto y sin criminalización.