La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará un proyecto que podría significar un doble revés legal para el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego, en medio de disputas relacionadas con regulación digital y supervisión financiera. El caso se discutirá el próximo 9 de abril, en una sesión clave para definir los alcances de distintas facultades del Estado frente a empresas privadas.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García propone confirmar la negativa de un amparo promovido por Total Play, empresa del Grupo Salinas, contra la facultad del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para ordenar el bloqueo de sitios web que vulneren derechos de autor. El proyecto plantea validar la constitucionalidad de estas medidas, lo que reforzaría la capacidad del Estado para intervenir en contenidos digitales.
El conflicto se originó tras la denuncia de empresas por la difusión ilegal de películas en internet, lo que derivó en una orden del IMPI para bloquear los sitios señalados. Aunque Total Play acató inicialmente la instrucción, posteriormente promovió un amparo al argumentar que la medida afectaba la libertad de expresión, el acceso a la información y excedía atribuciones regulatorias. Sin embargo, un juez federal determinó que estos derechos no son absolutos, especialmente cuando colisionan con la protección de derechos de autor.
De avalarse el proyecto en la Corte, se consolidaría el criterio de que las plataformas y proveedores de internet deben cumplir con medidas de bloqueo cuando exista afectación a derechos de terceros, debilitando así la estrategia legal del grupo empresarial. El asunto regresaría a un tribunal colegiado únicamente para resolver aspectos secundarios de legalidad.
En paralelo, la SCJN también discutirá otro proyecto que podría representar un nuevo revés para Salinas Pliego en su disputa con la Unidad de Inteligencia Financiera. Este segundo caso refuerza un escenario judicial adverso para el empresario, cuyas empresas han cuestionado reiteradamente las facultades de las autoridades regulatorias.
Ambos procesos reflejan una confrontación constante entre el Grupo Salinas y diversas instituciones del Estado. Las resoluciones en puerta podrían sentar precedentes relevantes sobre regulación digital y supervisión financiera, limitando el margen de acción de grandes corporaciones frente al marco legal vigente.
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