La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla concentra una de cada tres recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) en lo que va de 2026, lo que la coloca como la institución con más señalamientos por presuntos actos violatorios contra ciudadanos, principalmente por casos relacionados con tortura, omisiones en investigaciones y abuso de autoridad.
De acuerdo con datos publicados en el portal oficial del organismo autónomo, al 11 de mayo de 2026 se han emitido 12 recomendaciones dirigidas a diversas instituciones, derivadas de presuntas violaciones a derechos humanos de personas de distintos sectores de la población. De ese total, cuatro expedientes corresponden a la FGE, lo que equivale al 33.3 por ciento de las observaciones documentadas por la CDH.
El acumulado ubica a la institución encargada de la procuración de justicia como el principal foco de señalamientos en materia de derechos humanos durante el año, en un contexto en el que las recomendaciones refieren hechos graves que van desde agresiones físicas hasta posibles actos de tortura y retrasos en investigaciones. Aunque algunos casos ocurrieron hace más de dos décadas, su resolución actual evidencia el largo camino que enfrentan las víctimas para obtener reconocimiento institucional.
La primera recomendación emitida por la CDH en 2026 fue dirigida a la Fiscalía de Puebla por un caso ocurrido en 2003, en el que el organismo acreditó posibles actos de tortura contra un hombre que presuntamente fue golpeado y amenazado tras ser señalado de entregar dinero a un funcionario, delito que negó haber cometido. La resolución volvió a poner sobre la mesa prácticas de investigación que habrían vulnerado la integridad y seguridad jurídica de la víctima.
Tortura, omisiones y rezagos en investigaciones
El segundo expediente involucra a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género en Chignahuapan, por presuntas omisiones y retrasos en una carpeta iniciada en 2024 por delitos contra la intimidad sexual. Este caso evidencia no solo posibles agresiones directas, sino también fallas en el deber de investigar con oportunidad y diligencia hechos que afectan a víctimas de violencia.
En marzo, la CDH emitió otra recomendación contra la FGE tras documentar un caso de tortura contra una mujer en San Juan Xiutetelco, seis años después de los hechos. Según el expediente, la víctima fue detenida arbitrariamente junto con su esposo durante una investigación por secuestro y posteriormente sufrió agresiones físicas, además de un presunto intento de abuso sexual por parte de un agente.
La recomendación más reciente también corresponde a hechos ocurridos en 2003, en San Francisco Ocotlán, Coronango, donde agentes ministeriales habrían ingresado violentamente a una vivienda y torturado a un hombre. En ese mismo operativo, su padre, de 72 años, fue golpeado y presuntamente murió años después a consecuencia de las lesiones derivadas de la agresión.
En estos expedientes, la CDH solicitó a la Fiscalía de Puebla implementar medidas de reparación integral, incluidas compensaciones económicas, atención médica y el reconocimiento de responsabilidad institucional por los daños ocasionados a las víctimas. Estas recomendaciones buscan no solo atender casos individuales, sino también establecer medidas que eviten la repetición de abusos o prácticas indebidas.
El acumulado de expedientes contra la FGE refleja un problema de fondo: la institución encargada de investigar delitos y procurar justicia es la que registra más señalamientos por presuntas violaciones a derechos humanos en Puebla durante 2026. Además, muestra que varios casos tardan años o incluso décadas en ser reconocidos formalmente, lo que prolonga la búsqueda de justicia para las víctimas.
En conjunto, las recomendaciones emitidas por la CDH evidencian la necesidad de revisar prácticas internas, fortalecer controles institucionales y garantizar investigaciones sin abuso, tortura ni dilaciones. Para la Fiscalía, el reto no solo está en atender las observaciones, sino en demostrar que puede procurar justicia sin vulnerar los derechos de las personas.
Ilustración: Iván Rojas
