Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes. En una decisión histórica, el Noveno Circuito de Apelaciones, con sede en San Francisco, respaldó la medida cautelar que bloqueaba la implementación del decreto a nivel nacional, calificando la acción presidencial como una violación a la Enmienda 14 de la Constitución.
El fallo, adoptado por mayoría de dos jueces contra uno, coincide con la postura del tribunal de distrito de Seattle, que ya había suspendido previamente la aplicación de la orden ejecutiva. Señaló el juez Ronald Gould:
“El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo”.
La resolución representa un golpe legal significativo para las políticas migratorias de Trump, quien firmó la polémica orden apenas en su segundo día de gobierno. El decreto desafiaba directamente la Enmienda 14, promulgada en 1868, que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana del país, independientemente del estatus migratorio de sus padres.
La demanda fue interpuesta por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, todos con gobiernos demócratas. Los demandantes argumentaron que una aplicación parcial de la orden obligaría a revisar sus sistemas de verificación de elegibilidad para programas de salud y asistencia social, lo que generaría “daños irreparables” y una carga administrativa y financiera injustificada.
A pesar de que la Corte Suprema de EE.UU. limitó recientemente el alcance de las medidas cautelares federales, el fallo del Noveno Circuito fue considerado válido al tratarse de una demanda colectiva y al evaluar el impacto nacional que tendría la implementación del decreto.
Además, la orden de Trump ya estaba suspendida por una decisión previa de un juez federal en New Hampshire, como resultado de una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que prohibió su aplicación en todo el país para los niños afectados.
Aunque la administración Trump podría intentar apelar nuevamente ante el Tribunal Supremo, el actual fallo representa el primer pronunciamiento de una corte de apelaciones que invalida por completo la orden presidencial sobre la ciudadanía por nacimiento, sentando un precedente clave en la defensa de los derechos constitucionales de los nacidos en Estados Unidos.
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