Un tribunal federal de apelaciones asestó un nuevo golpe a la estrategia migratoria del presidente Donald Trump, al ratificar una orden judicial que impide temporalmente la realización de redadas migratorias sin causa justificada en el área metropolitana de Los Ángeles. La decisión, emitida la noche del viernes por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, advierte que las acciones del gobierno podrían constituir violaciones sistemáticas a derechos constitucionales.
El panel de tres jueces concluyó que existen “fundamentos sólidos” para creer que las redadas ejecutadas por agentes federales desde junio se basaron en criterios discriminatorios como el perfil racial, el idioma —especialmente hablar español— y el lugar de residencia o trabajo. Estas prácticas, señalaron, vulneran la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que protege contra detenciones arbitrarias.
Los operativos, que provocaron la detención de cerca de 3,000 personas —incluyendo ciudadanos estadounidenses y residentes legales— fueron denunciados por organizaciones como la ACLU del Sur de California y Public Counsel. Los demandantes alegan que el gobierno de Trump desplegó tácticas inconstitucionales con agentes armados, algunos enmascarados y sin insignias, en espacios públicos como tianguis, paradas de autobús y tiendas como Home Depot. También se documentó la presencia de tropas de la Guardia Nacional.
La jueza Maame E. Frimpong, del Tribunal de Distrito de Los Ángeles, emitió la orden judicial original el 11 de julio. Programó una audiencia para septiembre en la que se evaluará si esta medida cautelar debe convertirse en una orden preliminar de mayor alcance.
Durante la audiencia de apelación, el Departamento de Justicia fue presionado por los jueces para explicar el uso de dichas tácticas. El abogado federal Yaakov Roth negó que existieran políticas discriminatorias o cuotas diarias de arrestos, pero el tribunal solicitó documentación adicional para verificar esas afirmaciones. Esta defensa oficial contrasta con declaraciones previas de un exasesor de Trump, quien mencionó públicamente la existencia de metas de detención.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, celebró el fallo como “una victoria para el estado de derecho y para la dignidad de nuestras comunidades”, y exigió al gobierno federal que ponga fin a lo que calificó como “prácticas punitivas que desintegran familias trabajadoras”.
Pese al retroceso judicial, los operativos migratorios persisten en otras regiones de California no protegidas por la orden, como San Diego, donde se reportó una nueva redada el 27 de julio.
El gobierno federal aún tiene la opción de solicitar una revisión ante el pleno del Noveno Circuito o apelar directamente ante la Corte Suprema. Mientras tanto, la resolución fortalece la posición de los demandantes, quienes exigen el cese inmediato de operativos que, afirman, violan de forma sistemática los derechos fundamentales de las comunidades migrantes en Estados Unidos.
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