El gobierno del presidente Donald Trump emitió una nueva directriz que podría restringir significativamente la entrada de extranjeros a Estados Unidos al permitir negar visas con base en condiciones médicas o situación financiera de los solicitantes.
De acuerdo con un cable del Departamento de Estado, los funcionarios consulares deberán examinar con mayor rigor la salud y solvencia económica de quienes soliciten visas de inmigrante o no inmigrante, a fin de asegurar que no se conviertan en una “carga pública” para el sistema estadounidense.
La medida, enviada a todas las embajadas y consulados del país, instruye a los agentes a evaluar factores como edad, salud, educación, nivel de inglés, historial financiero y uso previo de asistencia pública, incluso fuera de Estados Unidos.
“El gobierno de Trump está poniendo los intereses del pueblo estadounidense en primer lugar”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, quien defendió la política como una forma de evitar que el sistema migratorio sea “una carga para el contribuyente estadounidense”.
Según el documento, los padecimientos crónicos, la obesidad, la presión arterial alta, las enfermedades cardiovasculares o mentales, e incluso la depresión o la ansiedad, podrían ser factores determinantes para negar una visa. Los solicitantes deberán además presentar comprobantes bancarios, estados financieros, evidencia de activos y cuentas de ahorro o retiro para acreditar autosuficiencia económica.
Organizaciones de defensa de los inmigrantes alertaron sobre los posibles efectos colaterales. Adriana Cadena, directora ejecutiva de Protecting Immigrant Families, calificó la medida como “peligrosa” y dijo que genera temor y confusión entre familias inmigrantes que ya viven legalmente en el país.
Aunque la disposición aclara que se centra en visas de inmigrante y no en las de visita o tratamiento médico (B-2), abogados señalan que deja una amplia discrecionalidad a los oficiales consulares para decidir caso por caso.
Con esta política, la Casa Blanca refuerza su línea dura en materia migratoria, una de las banderas más visibles de Trump desde su retorno al poder en enero pasado. Expertos anticipan que la medida podría ser impugnada judicialmente por organizaciones civiles, tal como ocurrió con versiones previas del concepto de “carga pública” durante su primer mandato.
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