Más de 20 estados liderados por California demandaron este lunes a la administración del presidente Donald Trump por congelar miles de millones de dólares destinados a programas educativos cruciales, como actividades después de la escuela y campamentos de verano, afectando directamente a más de 1.4 millones de niños y adolescentes en todo el país, en su mayoría de comunidades de bajos ingresos.
La demanda, presentada en cortes federales, sostiene que la decisión de retener estos fondos —aprobados previamente por el Congreso— viola la Constitución de Estados Unidos y múltiples leyes federales. El dinero congelado afecta directamente a programas operados por organizaciones como los Boys & Girls Clubs of America, la YMCA y Save the Children, entre otras.
“El tiempo se agota”, advirtió Christy Gleason, directora de Save the Children Action Network, organización que provee servicios a 41 escuelas en zonas rurales del sur de EE.UU. y el estado de Washington. “La escuela empieza en unas semanas y si no se libera el dinero, muchos de estos centros no podrán abrir en otoño”.
Según la vicepresidenta de comunicaciones de los Boys & Girls Clubs, Sara Leutzinger, varios de los 926 clubes que ofrecen servicios bajo el programa federal 21st Century Community Learning Centers podrían cerrar en las próximas tres a cinco semanas si no se desbloquean los fondos. Esto dejaría sin apoyo académico y cuidado infantil a miles de familias.
La situación afecta incluso a distritos tradicionalmente republicanos. De acuerdo con un análisis del think tank progresista New America, 91 de los 100 distritos escolares más beneficiados por los cuatro programas federales congelados están en distritos controlados por republicanos, siendo California, Virginia Occidental, Florida y Georgia los más afectados.
Tensiones políticas y críticas desde ambos bandos
La Oficina de Administración y Presupuesto de la administración Trump justificó la medida alegando que algunas subvenciones apoyaban causas “de izquierda”, como servicios para inmigrantes sin estatus legal o iniciativas de inclusión LGBTQ+. Sin embargo, incluso funcionarios republicanos han criticado la decisión.
“Liberar fondos ya aprobados por el Congreso es una cuestión de responsabilidad”, afirmó Richard Woods, superintendente de Educación del estado de Georgia y republicano electo. “Nos estamos preparando para el ciclo escolar. Necesitamos esos recursos para garantizar el éxito de nuestros estudiantes”.
El Boys & Girls Club of America, una organización con más de 165 años de existencia, ha sido tradicionalmente reconocida como un espacio neutral, inclusivo y valioso para las comunidades estadounidenses. Incluso ha recibido elogios bipartidistas en el Congreso y apoyo del Departamento de Defensa para atender a hijos de militares.
Con el inicio del año escolar en el horizonte —en algunos estados tan pronto como a finales de julio—, miles de familias están a la espera de una respuesta clara del gobierno federal. Mientras tanto, los estados demandantes exigen una acción urgente para proteger lo que consideran no solo un derecho educativo, sino una necesidad social para millones de niñas, niños y adolescentes en Estados Unidos.
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