El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación penal contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como contra su ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, y el director general de Centros Penales, Osiris Luna, por presuntas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra 252 migrantes venezolanos encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Durante una comparecencia ante medios nacionales, Saab denunció que los connacionales, repatriados recientemente tras un acuerdo diplomático tripartito entre Venezuela, El Salvador y Estados Unidos, fueron víctimas de torturas sistemáticas, abusos sexuales, privación ilegítima de libertad y desaparición forzada. “Bukele se convierte en este momento en el peor asesino del Hemisferio Occidental”, afirmó el fiscal, citando incluso publicaciones internacionales que lo señalan por encabezar estructuras de represión.
El Ministerio Público venezolano documentó 123 denuncias con testimonios y pruebas físicas, incluidos videos de los liberados, que muestran heridas por perdigones, golpes en zonas sensibles del cuerpo y lesiones por armas blancas. Algunos de los testimonios indican que los internos fueron intimidados para no relatar los abusos ante organizaciones como la Cruz Roja.
Según Saab, los reclusos eran alimentados con comida descompuesta y agua no potable, mantenidos sin acceso a luz solar o ventilación, y frecuentemente golpeados por los custodios, algunos de los cuales —denunciaron los migrantes— consumían drogas dentro de la prisión. «Algunos incluso pensaron en quitarse la vida para no seguir sufriendo», lamentó el fiscal.
El anuncio se da pocos días después de que el gobierno venezolano logró la repatriación de los 252 migrantes detenidos en el CECOT, a cambio de liberar a 10 ciudadanos estadounidenses. El acuerdo, calificado como un logro diplomático para el presidente Nicolás Maduro, también benefició al presidente estadounidense Donald Trump, quien impulsó la deportación de los migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, sin aportar pruebas concretas sobre sus supuestos vínculos con el grupo criminal Tren de Aragua.
El fiscal Saab criticó duramente a la Corte Suprema y a la Fiscalía salvadoreña por “legitimar” el trato inhumano contra los migrantes venezolanos y calificó su respuesta institucional, emitida 80 días después de una solicitud formal venezolana, como “absolutamente antijurídica y pirata”.
Finalmente, Saab hizo un llamado urgente a la Corte Penal Internacional, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a organismos internacionales de derechos humanos a sumarse a la denuncia contra Bukele y sus funcionarios. “Esperamos que los organismos internacionales dejen de ser cómplices”, sentenció.
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