Vidulfo Rosales Sierra, abogado que durante casi 11 años representó a las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014, anunció este jueves su renuncia a la defensa legal del caso, así como su separación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización con la que trabajó por más de dos décadas.
En un comunicado titulado “En otras trincheras de la justicia”, Rosales explicó que su decisión obedece a la falta de recursos, la magnitud del caso y las amenazas constantes que ha enfrentado en su labor. Señaló el abogado:
“No cuento ni con los recursos ni con la cobertura política (…) es sumamente difícil poder llevar de manera personal este tipo de defensas, como el caso de los 43 de Ayotzinapa”.

El abogado, originario de la Montaña de Guerrero, agradeció a Abel Barrera, director de Tlachinollan, por permitirle caminar junto a comunidades indígenas y campesinas a lo largo de 24 años. Subrayó que, aunque se retira “de la primera línea de la lucha social”, continuará defendiendo los derechos humanos desde otros espacios.
Fuentes cercanas confirmaron que Rosales se sumará como colaborador del primer ministro indígena electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.
Entre los avances alcanzados en el caso Ayotzinapa bajo su acompañamiento, Rosales destacó la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el desmantelamiento de la llamada “verdad histórica”, lo que permitió abrir nuevas líneas de investigación. No obstante, reconoció que el paradero de los estudiantes sigue siendo la principal deuda pendiente.

Al hablar con los padres de los 43 para comunicar su salida, el abogado llamó a mantener la unidad:
“Lo fundamental es que se mantengan unidos y firmes en la lucha por el esclarecimiento del caso de sus hijos”.
La defensa de las familias continuará a cargo del Centro Tlachinollan, el Centro Prodh y otras organizaciones de derechos humanos, lo que garantiza la continuidad de la estrategia legal.
Rosales adelantó que el próximo encuentro de los familiares con el gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, está previsto para el 3 de septiembre, reunión en la que ya no participará, pero en la que espera “haya más claridad en las nuevas líneas de investigación” abiertas por la Fiscalía.
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