Hay fechas que se clavan en el calendario como astillas. El 26 de septiembre de 2014 en México es una de ellas. Un grupo de jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos partió rumbo a Iguala, Guerrero, para sumarse a las marchas que cada año honran a los estudiantes caídos en 1968. Nunca llegaron a su destino. Tres fueron asesinados esa misma noche y otros 43 fueron detenidos y desaparecidos por fuerzas del Estado. Cuarenta y tres estudiantes. Cuarenta y tres jóvenes que querían ser maestros de indígenas y campesinos en una de las regiones más abandonadas por el Estado mexicano. Cuarenta y tres ausencias que todavía duelen.
Doce años después, la herida supura. Las madres y los padres que en aquel entonces buscaban a sus hijos hoy tienen canas y arrugas, enfermedades y cargan un dolor inconmensurable, pero no han dejado de caminar. Han recorrido tribunales, comisiones, oficinas, calles y plazas. Han escuchado promesas, informes y muchas contradicciones. Han aprendido a leer el silencio de la burocracia. Y siguen preguntando lo mismo: ¿dónde están?
La detención de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, en agosto de 2026, es un hecho significativo. Se le acusa de ordenar la destrucción de pruebas relacionadas con la desaparición. Es el segundo funcionario de más alto rango detenido hasta ahora, después del exprocurador Jesús Murillo Karam. Pero un detenido no es la verdad. Y la verdad, en México, sigue siendo un territorio minado.
El gobierno de la Cuarta Transformación enfrenta una disyuntiva que no admite medias tintas: seguir administrando la verdad gota a gota, como hicieron sus antecesores, o romper de una vez por todas el pacto de silencio con las Fuerzas Armadas. La Comisión para la Verdad, que presidió Alejandro Encinas, fue clara: hubo crimen de Estado. Hubo complicidad institucional. Hubo encubrimiento. Mientras no se sepa dónde están los 43, la herida no cerrará.
Porque Ayotzinapa no es solo un caso. Es un símbolo. Es la prueba de que el Estado puede desaparecer a sus jóvenes y salir ileso. Es la constatación de que la impunidad no es un accidente, sino una política. Y es, también, la demostración de que la memoria puede más que el olvido.
Las familias seguirán marchando. Seguirán exigiendo. Seguirán manteniendo viva la memoria de sus seres queridos. Porque los crímenes de Estado nunca deben quedar impunes. Si se deja la puerta abierta, si se permite que el silencio se consolide, se sienta el precedente de que el Estado puede desaparecer a sus jóvenes y salir ileso. Y eso, en un país donde la desaparición forzada ha sido práctica sistemática, es una condena para todas y todos.
Ayotzinapa es una herida abierta para el pueblo de México. El compromiso del gobierno y de la sociedad es conocer la verdad y hacer justicia. No basta con memoriales, no basta con discursos en los aniversarios. Se necesita que los responsables sean juzgados. Se necesita que los restos de los 43 sean encontrados y devueltos a sus familias.
Doce años después, la pregunta sigue sin respuesta: ¿dónde están? Mientras no lo sepamos, la deuda permanecerá. Y la memoria, como las madres de Ayotzinapa, no se rendirá.
Fotografía: Diario Red
