Al siguiente día de sostener en Washington reuniones con las más altas autoridades estadounidenses de seguridad, el presidente Daniel Noboa, este martes 16 de junio, decretó un nuevo estado de excepción durante los próximos 60 días en 10 provincias y tres cantones ecuatorianos, cuando el 1 de junio, su ministro del Interior, John Reimberg, descartó la declaración de este tipo de medidas extraordinarias, porque se implementaría “una nueva estrategia de seguridad a través de un plan de operaciones ordinario que no requería restricciones de movilidad ni toques de queda”.
Al mismo tiempo, el decreto que determina la medida señala que se la aplica “debido a la grave conmoción interna y los problemas de seguridad que persisten en varios territorios”. Con lo cual, a decir de varios de los críticos de este tipo de acciones extraordinarias, se desdice y descalifica a Reimberg, se reconoce que ha fallado la estrategia de seguridad y el supuesto nuevo plan de operaciones queda descartado.
En los sesenta días que vienen se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia. Con ello, las autoridades pueden ejecutar acciones de control e investigación, la requisición temporal de bienes y servicios lícitos, entre otras medidas. Sin embargo, a diferencia de anteriores estados de excepción en Ecuador, el decreto no establece restricciones a la movilidad ni contempla la aplicación de toque de queda en ninguna de las provincias o cantones afectados.
Y es que durante las dos últimas semanas se registró un incremento sostenido de la violencia criminal y los homicidios en varias regiones de Ecuador. Informes más recientes de inteligencia militar y policial revelaron un repunte y una «reconfiguración criminal» con escenarios de violencia de alto impacto. Entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2026, el país acumuló 879 homicidios únicamente en los sectores más conflictivos.
Durante las dos últimas semanas se registró un incremento sostenido de la violencia criminal y los homicidios en varias regiones de Ecuador
En las últimas entrevistas, con periodistas y medios allegados, Noboa insistió que la reducción de la violencia, al menos en el mes de mayo, había sido de menos un 20%, pero las propias estadísticas oficiales señalan lo contrario. Y en una entrevista, de este miércoles, con Televisión Azteca de México, volvió a destacar los supuestos éxitos en su lucha contra el crimen organizado, sin respaldarse en estadísticas.
Tras un polémico viaje a EE.UU. para estar presente en el partido de la selección ecuatoriana de fútbol, el lunes último Noboa se reunió en el Pentágono con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth. Según el reporte oficial, “durante el encuentro se analizaron mecanismos para fortalecer la interoperabilidad entre ambas naciones, impulsar inversiones conjuntas y coordinar operaciones para combatir el narcoterrorismo y la minería ilegal”.
En ese boletín de la Presidencia se dijo además que las dos “autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación en defensa para enfrentar las amenazas de las redes criminales transnacionales y avanzar en acciones conjuntas que contribuyan a la paz, la estabilidad y la seguridad regional”.
Y ese mismo día, Noboa conversó con Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Políticas y Asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para revisar “los avances de la cooperación bilateral y nuevas iniciativas para reforzar la lucha contra el crimen organizado”.
Populismo punitivo
Sin embargo, esas conversaciones, encuentros y acuerdos no han resultado favorables a la recuperación de la seguridad en Ecuador. Como dice el general Luis Altamirano “los estados de excepción no han logrado frenar el avance de la criminalidad en Ecuador”.
En declaraciones a una radio local, el excomandante del Ejército, aseguró que esta medida se ha convertido en una herramienta narrativa para proyectar una aparente acción estatal, mientras se dejan de lado las causas sociales que alimentan el conflicto y la violencia.
La respuesta de Ecuador puede entenderse como parte de un giro más amplio hacia el populismo punitivo , en el que la gestión de la inseguridad se vuelve inseparable de la construcción de la legitimidad política
El experto en asuntos de seguridad, Emilio Hernández ha dicho que Ecuador ofrece un caso particularmente ilustrativo de esta dinámica: “Tras un rápido deterioro de las condiciones de seguridad y el inicio de una grave crisis a principios de 2024, el gobierno adoptó una serie de medidas muy visibles y coercitivas, entre ellas la militarización de la seguridad pública, la ampliación de marcos jurídicos punitivos y la articulación de un discurso de confrontación centrado en la identificación de un enemigo interno, a menudo denominado `terroristas`”.
Y acota: “Estas respuestas, si bien se presentaron como necesarias para restablecer el orden, también reconfiguraron la relación entre el control del crimen y la autoridad política. En lugar de funcionar únicamente como instrumentos de control del crimen, estas medidas apuntan a un cambio más amplio en la gobernanza, donde convergen el castigo, la coerción y la comunicación política.
En este sentido, la respuesta de Ecuador puede entenderse como parte de un giro más amplio hacia el populismo punitivo, en el que la gestión de la inseguridad se vuelve inseparable de la construcción de la legitimidad política.
Frente a eso, Altamirano sostiene que Noboa carece de un plan integral de seguridad. En su lugar, sostuvo que existe una estrategia basada en el uso político de la violencia y en la ausencia de una planificación efectiva para enfrentar los problemas estructurales del país.
El general en servicio pasivo también cuestionó la falta de coherencia y transparencia del Gobierno porque prioriza la propaganda y el hermetismo en la gestión pública, en detrimento de la construcción de políticas integrales que permitan combatir la inseguridad de manera sostenida.
Además, criticó la frecuente ausencia del presidente debido a sus viajes internacionales, situación que, según afirmó, refleja una desconexión frente a la crisis de inseguridad y pobreza que atraviesa Ecuador. Altamirano advirtió que el enfoque gubernamental constituye un error estructural, pues criminaliza la precariedad económica en lugar de fortalecer las instituciones encargadas del control, la prevención y la justicia.
La secretaria de Seguridad de la Alcaldía de Quito, Carolina Andrade explicó que las modalidades del crimen organizado se han readecuado frente a las fallidas acciones del Gobierno
Del mismo modo, la secretaria de Seguridad de la Alcaldía de Quito, Carolina Andrade explicó que las modalidades del crimen organizado se han readecuado frente a las fallidas acciones del gobierno.
Por eso, destacó la necesidad de fortalecer los controles al tráfico de armas, municiones y explosivos, especialmente después de que se detectaran estructuras que presuntamente importaban cartuchos a través de los puertos de Guayaquil.
Puso como ejemplo que entre 2022 y 2023 seis de cada 10 hechos violentos registrados en la capital involucraban armas blancas. Sin embargo, en la actualidad, esa misma proporción corresponde a delitos cometidos con armas de fuego.
Foto: Diario Red
