Un grupo de 24 estados de Estados Unidos presentó una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump para intentar frenar la imposición de nuevos aranceles globales del 10 por ciento a productos importados, al considerar que la medida podría violar una reciente decisión judicial.
La acción legal fue impulsada por estados gobernados por demócratas, entre ellos New York, California y Oregon, cuyos gobiernos sostienen que los nuevos gravámenes comerciales serían ilegales, debido a que el presidente no tendría facultades para imponerlos bajo el mecanismo utilizado tras un fallo previo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
De acuerdo con la demanda presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos en Nueva York, los aranceles fueron aplicados por un periodo de 150 días con base en la Ley de Comercio de 1974, una legislación pensada para atender emergencias monetarias temporales y no para corregir déficits comerciales estructurales.
El fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, explicó durante una conferencia que la nueva política arancelaria del presidente representa un intento de evitar la participación del Congreso en decisiones económicas de gran impacto, algo que, según señaló, está contemplado en el sistema constitucional estadounidense.
Por su parte, la Casa Blanca, a través de su portavoz Kush Desai, defendió la decisión del mandatario al asegurar que la administración considera que el presidente cuenta con autoridad otorgada por el Congreso para enfrentar problemas relacionados con pagos internacionales y el déficit comercial del país. Mientras tanto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, adelantó que las tarifas podrían aumentar hasta 15 por ciento en los próximos días, en medio de una estrategia comercial que se ha convertido en uno de los ejes de la política económica de Trump.
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