La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este martes el dictamen que reforma el artículo 127 de la Constitución para eliminar las llamadas “pensiones doradas” de organismos descentralizados y empresas públicas, como Pemex y CFE. Con 26 votos a favor de diputados de Morena, PVEM y PT, la iniciativa será discutida en el pleno en los próximos días, mientras legisladores del PAN, PRI y MC se ausentaron, criticando la falta de diálogo con los jubilados afectados.
La reforma establece que las jubilaciones no podrán exceder la mitad del salario del titular del Ejecutivo, es decir, aproximadamente 70 mil pesos. Además, se contempla que la medida sea retroactiva, lo que significa que las pensiones actuales que superen ese límite deberán ajustarse al nuevo monto. Esta disposición generó rechazo entre ex trabajadores de Pemex, CFE y Nacional Financiera, quienes advierten que se violan derechos adquiridos y principios de certeza jurídica.
Rosa Galaz Dávila, representante de jubilados de la CFE, señaló que sus pensiones son legales, transparentes y auditables, y que la retroactividad afectaría su patrimonio legítimo. Rosa María Rodríguez Luna, jubilada de Pemex, enfatizó que los montos no son millonarios y que la reforma podría causar estrés e inseguridad entre los trabajadores afectados.
El PT, a través de la diputada Lilia Aguilar, anunció que presentará una reserva en el pleno para proteger a quienes ya están legalmente jubilados, buscando que no se aplique la retroactividad. La reforma excluye las pensiones de las Fuerzas Armadas, los adultos mayores, las personas con discapacidad, así como las derivadas de aportaciones voluntarias o sindicales complementarias.
A favor, el morenista Mario Miguel Carrillo señaló que el objetivo es evitar pensiones excesivas y proteger el presupuesto federal. Sin embargo, Arturo Olivares Cerda alertó que más de 12 mil jubilados del IMSS, con pensiones de entre 70 y 100 mil pesos, podrían verse afectados y que esto podría generar renuncias masivas en puestos directivos de confianza, afectando la operatividad del sistema de salud.
La discusión en el pleno será clave para definir ajustes y excepciones a las pensiones actuales. La reforma busca limitar gastos excesivos en jubilaciones del personal de confianza y garantizar que las pensiones públicas sean sostenibles, mientras los grupos de jubilados mantienen la presión para proteger sus derechos adquiridos.
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