El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este miércoles un paquete de apoyo de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares) para respaldar a los exportadores afectados por el arancel del 50% que Estados Unidos impuso recientemente sobre una amplia gama de productos brasileños.
El plan, denominado “Brasil Soberano”, contempla créditos blandos, diferimientos fiscales, incentivos para pequeñas y medianas empresas y seguros contra cancelación de pedidos. Además, el gobierno fomentará la compra pública de bienes que no puedan enviarse al mercado estadounidense, e implementará una extensión de un año en la “devolución de derechos de importación” para industrias exportadoras.
En la ceremonia de lanzamiento, que contó con la presencia de líderes del Congreso —un gesto interpretado como respaldo político frente a Washington—, Lula subrayó que la medida de la Casa Blanca no responde a criterios comerciales. “No es un debate económico, es un debate político”, afirmó, acusando al presidente Donald Trump de buscar “destruir el multilateralismo” y de utilizar la situación judicial de Jair Bolsonaro como pretexto para castigar a Brasil.
El mandatario estadounidense ha vinculado públicamente el arancel con el proceso judicial contra Bolsonaro, actualmente en arresto domiciliario por intentar revertir su derrota electoral de 2022. Washington también sancionó al juez Alexandre de Moraes, que supervisa el caso, por supuestas violaciones de derechos humanos; acusaciones que Lula y el magistrado rechazan.
Lula descartó, por el momento, aplicar medidas de reciprocidad contra Estados Unidos, y dijo que buscará soluciones negociadas, incluso a través de una reunión con líderes de los BRICS. “No queremos conflicto. Lo único que exigimos es que nuestra soberanía sea intocable”, señaló. Sin embargo, advirtió que “no tiene miedo de una pelea” si la presión persiste.
El ministro de Finanzas, Fernando Haddad, acusó a Estados Unidos de “sancionar a Brasil por ser más democrático que su agresor” y sostuvo que el plan busca proteger empleos, ingresos y la competitividad del país.
Con este paquete, Brasil intenta blindar su economía de un choque comercial que amenaza con golpear a sectores clave de su industria y, al mismo tiempo, enviar una señal política: que no cederá ante lo que considera sanciones con motivación ideológica.
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