El proceso para limitar las llamadas pensiones “doradas” en el sector público mexicano quedó prácticamente concluido, luego de que al menos 18 congresos estatales aprobaran la reforma al artículo 127 constitucional. Con ello, el Senado se prepara para emitir la declaratoria oficial y enviar el decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La modificación establece que ninguna pensión financiada con recursos públicos podrá superar el 50% del salario de la Presidencia de la República, lo que impactará directamente a ex funcionarios de organismos como Luz y Fuerza del Centro, Pemex, CFE y la banca de desarrollo. Esta medida forma parte de una estrategia para reducir privilegios en el aparato gubernamental.
De acuerdo con lo aprobado por el Congreso de la Unión, los ajustes serán inmediatos tras la entrada en vigor del decreto, lo que implicará reducciones significativas en pensiones que actualmente superan los cientos de miles de pesos mensuales. En algunos casos, como el de ex directivos de Luz y Fuerza del Centro, los ingresos pasarán de más de un millón de pesos mensuales a cerca de 70 mil pesos.
Asimismo, pensiones elevadas en instituciones como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos también serán modificadas. Entre los casos señalados destaca el de José Ángel Gurría, quien ha recibido durante décadas una pensión superior a los 100 mil pesos, misma que deberá ajustarse a los nuevos límites establecidos por la ley.
La reforma fue avalada en la mayoría de los congresos locales, en varios casos por unanimidad, lo que permitió alcanzar la mayoría requerida para modificar la Constitución. Las legislaturas que respaldaron la medida incluyen entidades como Ciudad de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca, entre otras.
Con esta disposición, el gobierno federal prevé un ahorro anual cercano a los 5 mil millones de pesos, además de establecer un nuevo marco normativo para evitar que se repitan esquemas de pensiones elevadas en el futuro. No obstante, la reforma contempla excepciones, ya que no aplicará a las fuerzas armadas, cuyos esquemas de retiro se mantendrán sin cambios conforme a lo previamente establecido.
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