El reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre un incremento del 13% al salario mínimo general a partir de 2026 y la presentación de los lineamientos para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, generó reacciones divididas entre organizaciones empresariales y laborales del país.
Mientras que la COPARMEX y la CTM expresaron su respaldo, la Red Mexicana de Franquicias (RMF) externó preocupación por las repercusiones que podrían enfrentar las pequeñas y medianas empresas.
Reacciones del sector empresarial y laboral
Desde la COPARMEX, se destacó que el acuerdo surgió gracias a la participación tripartita de gobierno, trabajadores e iniciativa privada dentro de la Conasami. La organización explicó que el ajuste llevará el salario mínimo diario de 278.80 a 315.04 pesos, superando los 9 mil pesos mensuales, y aseguró que acompañará la meta federal de lograr, hacia 2030, un ingreso que permita cubrir aproximadamente tres canastas básicas.
El organismo empresarial también consideró favorable la reducción gradual de la jornada laboral, prevista para arrancar en 2027, al señalar que el escalonamiento permitirá que las empresas mantengan su competitividad y se adapten sin impactos abruptos.
Por su parte, Leobardo Soto Martínez, dirigente de la CTM en Puebla, interpretó las medidas como una muestra de coordinación entre gobierno, trabajadores y sector privado. Además, hizo un llamado a la base laboral para que continúe impulsando acuerdos con empleadores que fortalezcan la economía y mejoren las condiciones en los centros de trabajo.
El líder sindical subrayó que, con esta decisión, México se encamina a incorporarse al grupo de países con jornadas laborales de 40 horas, aunque lamentó que la región latinoamericana aún cuente con pocos referentes, mencionando que solo algunos países han consolidado este modelo.
Franquiciatarios alertan sobre impacto en Pymes
En contraste, Francisco Lobato, presidente de la Red Mexicana de Franquicias, consideró que el aumento al salario mínimo podría elevar significativamente los costos operativos de las Pymes. Aunque reconoció que no se trata de un impacto automático ni aislado, pidió que las decisiones relacionadas con política salarial se analicen fuera del contexto político y bajo una perspectiva técnica que contemple el entorno económico de los pequeños negocios.
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