En un nuevo episodio de tensión comercial entre Brasil y Estados Unidos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó un decreto que autoriza la adopción de contramedidas frente al arancel del 50 % anunciado por Donald Trump contra productos brasileños. La medida, calificada por el mandatario brasileño como “inaceptable”, busca blindar la economía nacional y enviar una señal clara de reciprocidad ante lo que considera una ofensiva unilateral con motivaciones políticas.
El decreto, publicado este martes en el Diario Oficial da União, reglamenta la llamada Ley de la Reciprocidad, aprobada por el Congreso, que permite al Ejecutivo responder proporcionalmente a barreras injustificadas impuestas por gobiernos extranjeros. Según el ministro de la Presidencia, Rui Costa, el instrumento legal busca proteger a Brasil frente a medidas “extemporáneas y extraordinarias” que afecten sus exportaciones, como las anunciadas por la administración Trump.
La imposición del arancel estadounidense, programado para entrar en vigor el 1 de agosto, fue justificada por Trump con el argumento de un supuesto superávit comercial brasileño, el cual es refutado por las propias estadísticas de comercio bilateral: en 2024, Brasil exportó a EE.UU. por 40.300 millones de dólares, pero importó 40.500 millones. Funcionarios brasileños afirman que el verdadero trasfondo de la sanción es político, vinculado al proceso judicial por intento de golpe de Estado que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.
Consultas diplomáticas y reunión con exportadores
El gobierno ya inició consultas diplomáticas para intentar revertir la decisión a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Paralelamente, este martes comenzarán reuniones con sectores exportadores para evaluar el impacto del arancel y definir eventuales medidas de represalia. El vicepresidente Geraldo Alckmin liderará los encuentros con empresarios cuyas operaciones dependen en gran medida del mercado estadounidense.
Estados Unidos representa actualmente el 12 % del total de las exportaciones brasileñas, siendo un socio clave, pero también un terreno de creciente fricción bajo la nueva administración republicana.
Posible represalia: flexibilización de la propiedad intelectual
Entre las contramedidas más polémicas que evalúa el gobierno brasileño se encuentra la flexibilización del régimen de propiedad intelectual aplicado a empresas estadounidenses. Según fuentes del Ejecutivo citadas por el portal G1, el plan contempla el uso de licencias obligatorias, especialmente en el sector farmacéutico, lo que permitiría a laboratorios brasileños producir medicamentos patentados sin necesidad de pagar regalías.
Esta estrategia apunta a golpear un sector estratégico de la economía estadounidense —la innovación tecnológica y cultural— sin generar un impacto inflacionario inmediato en el mercado interno brasileño.
El impacto potencial de esta medida es significativo: Estados Unidos fue el segundo país con más solicitudes de patentes y marcas en 2024, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Para Washington, una flexibilización del sistema de patentes en Brasil encendería alertas no solo comerciales, sino también diplomáticas y estratégicas.
¿Camino a la OMC?
El gobierno brasileño no descarta escalar el conflicto a la Organización Mundial del Comercio (OMC) si no se alcanza una solución negociada. Por ahora, Lula ha optado por un enfoque mixto: abrir una puerta al diálogo, pero mantener firme la posibilidad de represalias económicas y legales.
La próxima semana será crucial para definir el rumbo del conflicto: si las reuniones diplomáticas y con empresarios no rinden frutos, Brasil podría convertirse en uno de los primeros países en desafiar frontalmente la nueva ofensiva comercial de Donald Trump.
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