El gobierno de México reaccionó con cautela al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien informó que impondrá un arancel global del 10% durante 150 días tras el fallo adverso de la Suprema Corte de Estados Unidos que invalidó parte de sus gravámenes previos.
El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que México analizará a detalle el alcance de la nueva disposición antes de fijar una postura definitiva. “Lo primero que tenemos que hacer es actuar con sangre fría”, subrayó al término de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Promotor de Inversiones.
Ebrard explicó que aún no se conocen con precisión las reglas que acompañarán el nuevo arancel anunciado por Trump, por lo que será necesario esperar la publicación formal de las medidas para determinar su impacto en las exportaciones mexicanas.
Destacó que actualmente cerca del 85% de las exportaciones nacionales hacia Estados Unidos no enfrentan aranceles, lo que podría amortiguar el efecto de la decisión. Sin embargo, advirtió que el panorama podría cambiar dependiendo de cómo se instrumente la orden ejecutiva.
El secretario adelantó que la próxima semana viajará a Washington para sostener reuniones y conocer de primera mano los alcances de la nueva política comercial estadounidense. Estimó que en un plazo de tres o cuatro días podría precisarse cómo quedarán las nuevas disposiciones y qué mecanismos activará México para proteger su economía.
El anuncio de Trump se produjo luego de que la Corte estadounidense, por mayoría de 6 votos contra 3, declarara inconstitucionales ciertos aranceles “recíprocos” aplicados de forma generalizada a distintos países. El mandatario expresó su desacuerdo con el fallo y aseguró que recurrirá a otras herramientas legales para mantener su política arancelaria.
Trump indicó que la nueva medida se sustentará en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, la cual permite imponer restricciones temporales de hasta 15% a las importaciones cuando exista un desequilibrio significativo en la balanza de pagos, sin requerir investigaciones previas.
Aunque esta figura otorga mayores márgenes de acción al Ejecutivo, también establece límites temporales y condiciones específicas que podrían influir en la aplicación del arancel.
Por ahora, el gobierno mexicano mantiene una postura de análisis y prudencia, en espera de conocer los detalles técnicos que definan el alcance real de la decisión estadounidense y sus posibles efectos en la relación comercial bilateral.
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