El Gobierno de México manifestó su firme rechazo a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 30% a productos mexicanos a partir del próximo 1° de agosto, y anunció que ya se encuentra en negociaciones con autoridades estadounidenses para evitar la entrada en vigor de la medida.
A través de un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, el gobierno federal señaló que el 11 de julio se instaló una mesa de trabajo binacional permanente, convocada por el Departamento de Estado de EE.UU., para abordar temas prioritarios de la relación bilateral, entre ellos seguridad, migración, gestión de aguas, frontera y comercio.
Durante la primera sesión de dicha mesa, la delegación mexicana fue notificada oficialmente sobre la imposición de nuevas tarifas comerciales, como parte de lo que Trump describió como un “cambio profundo en su política comercial”. En respuesta, México calificó la decisión como un “trato injusto” y alertó sobre su impacto negativo en empresas y empleos de ambos países.
En el comunicado, las autoridades mexicanas subrayaron que la creación de esta vía de diálogo desde el 11 de julio representa una oportunidad clave para evitar consecuencias severas para las cadenas productivas binacionales.
La tensión comercial escaló tras la publicación, este 12 de julio, de una carta del presidente Trump dirigida a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la red Truth Social. En el documento, el mandatario estadounidense anunció que las tarifas entrarán en vigor en agosto, aunque ofreció una exención si las empresas mexicanas trasladan su producción a Estados Unidos:
“No habrá arancel si México o las empresas dentro de su país deciden construir o fabricar productos dentro de Estados Unidos”.
En el encuentro bilateral participaron funcionarios de alto nivel de ambos países. Por parte de México, asistieron representantes de las secretarías de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda, Seguridad Pública y Energía. Del lado estadounidense, estuvieron presentes el Departamento de Estado, Comercio, Energía, el Consejo de Seguridad Nacional y la Oficina del Representante Comercial.
El gobierno mexicano reiteró su disposición al diálogo y su compromiso con la defensa de los intereses nacionales:
“Continuaremos trabajando de manera coordinada para salvaguardar a nuestros sectores productivos y evitar impactos negativos a la economía binacional”.
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