Las políticas migratorias restrictivas impulsadas por Donald Trump en su segundo mandato no solo han endurecido la vida de millones de migrantes en Estados Unidos, sino que han generado un impacto económico directo y severo en al menos 4.5 millones de familias mexicanas que dependen de las remesas para subsistir.
El escenario se agravó con la aprobación de la ley One Big Beautiful Bill, firmada el 4 de julio de 2025, que recortó beneficios sociales clave para inmigrantes, eliminó apoyos a la salud y alimentación, y canalizó mayores recursos a la detención, persecución y deportación de personas migrantes, priorizando un enfoque punitivo sobre el humanitario.
Como parte de esta ofensiva, desde el 1 de enero de 2026 entró en vigor un impuesto de 1 por ciento a las remesas enviadas en efectivo, una medida que castiga directamente a los trabajadores migrantes de menores ingresos, particularmente a quienes no están bancarizados y utilizan giros postales o envíos físicos, encareciendo aún más el costo de ayudar a sus familias.
El reforzamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha sido otro factor determinante. Más de 390 mil deportaciones en un solo año, el cierre de la frontera sur a solicitantes de asilo, la suspensión de programas de refugiados y la prohibición de viajes desde 39 países han creado un clima de persecución y miedo que limita el acceso al empleo y desincentiva los envíos de dinero.
Las consecuencias ya son visibles en los datos oficiales. De acuerdo con el Banco de México, tras años de crecimiento sostenido, las remesas cayeron 5.1 por ciento en los primeros 10 meses de 2025, una señal clara del agotamiento del modelo económico que descansa en el trabajo precario de migrantes.
El monto acumulado pasó de un máximo histórico de 65 mil 20 millones de dólares en noviembre de 2024 a 62 mil millones en octubre de 2025, una pérdida de más de 3 mil millones de dólares en solo un año. En noviembre de 2025, las remesas se redujeron 5.7% anual, mientras que el número de operaciones cayó 7.9%, reflejando menos envíos y menos remitentes.
Las remesas enviadas desde México a otros países también disminuyeron 13% en 2025, evidenciando cómo la política migratoria estadounidense ha desarticulado redes laborales y de apoyo regional, afectando incluso a migrantes en tránsito.
El Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos advierte que Michoacán es la entidad más dependiente de las remesas, y que los hogares encabezados por mujeres son los más afectados, una tendencia presente en 31 estados del país.
A ello se suma la apreciación del peso frente al dólar, que, según BBVA, ha provocado una contracción real de 13.1% en el valor de las remesas, diluyendo su impacto en el consumo básico. Banamex coincide en que el ambiente hostil hacia los migrantes y la caída del empleo explican la pérdida de dinamismo.
Aunque el gobierno mexicano ha promovido alternativas como la tarjeta Financiera para el Bienestar, analistas coinciden en que ningún instrumento financiero compensa el daño estructural causado por una política migratoria que criminaliza la pobreza y el trabajo migrante.
Especialistas alertan que el miedo generado por las decisiones de Trump ha provocado caídas de hasta 7.2% en el empleo migrante, especialmente en agricultura, construcción y servicios, debilitando una de las principales fuentes de ingreso para millones de hogares en México.
Foto: Agencia Enfoque
