NUEVA YORK, 24 DE JULIO DE 2025. La Universidad de Columbia estableció un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, que le permitirá acceder a fondos financieros para investigación y operatividad en general, aliviando temporalmente un “periodo de considerable inertidumbre institucional”
Según informó la universidad en su sitio web, mediante una carta firmada por la rectora en funciones Claire Shipman, Columbia se comprometió a pagar 220 millones de dólares al gobierno federal, con lo que resuelve múltiples investigaciones de agencias federales, protegiendo la misión académica, la investigación y la independencia de la institución.
Columbia liquidará el monto en un plazo de tres años, más 21 millones de dólares para resolver investigaciones relacionadas con la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. Este pacto permite la reanudación del acceso a miles de millones de dólares en fondos federales para investigación, lo que restaurará becas terminadas y hará que los profesores vuelvan a ser elegibles para futuras subvenciones.
Además, la Universidad mantiene su autonomía académica y operativa en una cláusula que estipula:
“Ninguna disposición de este acuerdo, individual o en conjunto, se interpretará como que otorga a los Estados Unidos autoridad para dictar la contratación de profesores, la contratación universitaria, las decisiones de admisión o el contenido del discurso académico”.
Sin embargo, aunque Columbia reconoce que el acuerdo permite a la Universidad retomar el trabajo académico, aunque con cambios y nuevas previsiones, con un mayor sentido de estabilidad, asimismo reconoce que el futuro a mediano plazo presenta un escenario muy adverso para la supervivencia de su proyecto, en particular ante la alta posibilidad de que no vuelva a recibir fondos federales en subsecuentes ciclos escolares.
El acuerdo se produce en un contexto de intensas campañas mediáticas y presiones políticas por parte de legisladores republicanos. En el marco de las manifestaciones civiles contra la masacre en Palestina, diversas universidades estadounidenses, incluida Columbia, se convirtieron en el foco de críticas por supuesta inacción ante incidentes que medios refirieron como “antisemitas” en sus campus.
Congresistas republicanos, como el senador Tom Cotton, llegaron a animar a la población a «tomarse la justicia por su mano» contra los manifestantes. Estas campañas se materializaron en audiencias en el Congreso y amenazas de retirada de fondos, buscando presionar a las instituciones para que reprimieran las protestas propalestinas, a menudo acusándolas de ser focos de radicalismo y antisemitismo, aunque en muchos casos los incidentes antisemitas fueran aislados o las protestas se consideraran pacíficas.
A su vez, la administración Trump ha tenido un historial de intervenciones y presiones significativas sobre las universidades, incluyendo Columbia. Durante su mandato, se han implementado investigaciones federales contra más de 50 universidades bajo la acusación de utilizar «preferencias raciales y estereotipos» en sus programas, o por supuestos problemas de antisemitismo. La administración llegó a amenazar con la revocación de visas para estudiantes internacionales y la suspensión de fondos federales, como los 400 millones de dólares en subvenciones a Columbia. Documentos internos revelaron planes aún más drásticos, como la posibilidad de tomar control sobre la gobernanza y los programas académicos en universidades como Harvard.
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Estas acciones, a menudo justificadas bajo la bandera de la lucha contra el antisemitismo o la promoción de políticas de «mérito», fueron vistas por muchos como un intento de imponer una conformidad ideológica y reducir la autonomía de las instituciones académicas.
