Se cumplen cinco años del asalto al Capitolio de Estados Unidos, el episodio que marcó el momento más grave de quiebre institucional en la historia reciente del país que se presenta como garante global de la democracia. Lo que comenzó como una movilización convocada por el entonces presidente Donald Trump derivó en un ataque directo al Congreso para impedir la certificación de un proceso electoral legítimo.
Cinco años después, el balance no es el de una democracia que se fortaleció tras la crisis, sino el de un sistema político que normalizó la impunidad, relativizó la violencia política y permitió que el principal responsable político del ataque no solo evitara sanciones, sino que regresara al centro del poder.
La absolución política: cuando el Senado decidió no juzgar
El primer gran acto de impunidad ocurrió en febrero de 2021, cuando el Senado estadounidense absolvió a Trump en su segundo juicio político por “incitación a la insurrección”. Aunque una mayoría de senadores votó a favor de condenarlo, el umbral constitucional impidió que prosperara la sanción. El mensaje fue contundente: la lealtad partidista pesó más que la defensa del orden democrático.
La Comisión Especial de la Cámara de Representantes documentó posteriormente que el asalto no fue un hecho espontáneo, sino el desenlace de una estrategia sostenida para deslegitimar la elección presidencial, presionar autoridades estatales y federales, y empujar una salida extrainstitucional. Sin embargo, ese cúmulo de evidencias quedó atrapado en el terreno político, sin consecuencias penales directas para Trump.
Justicia limitada e inmunidad presidencial
El escenario se volvió aún más complejo en 2024, cuando la Suprema Corte de Estados Unidos resolvió que los presidentes gozan de inmunidad absoluta por ciertos actos oficiales y de una presunción de inmunidad por otros. Aunque el fallo no se refería exclusivamente al 6 de enero, su impacto fue inmediato: estrechó de manera drástica la posibilidad de procesar penalmente a un presidente por abusos de poder.
A partir de esa doctrina, los procesos judiciales vinculados al asalto comenzaron a debilitarse. Investigaciones estatales y federales fueron retrasadas, acotadas o finalmente desechadas. El caso de Georgia, uno de los más relevantes, terminó por cerrarse, reforzando la percepción de que el sistema judicial estadounidense no estaba dispuesto —o no podía— llegar hasta las últimas consecuencias cuando el acusado era un expresidente con poder político real.
El perdón como política y la disputa por la memoria
El capítulo final llegó con el regreso de Trump a la Casa Blanca. En enero de 2025, el gobierno estadounidense emitió indultos y conmutaciones de pena a personas condenadas por su participación en el asalto al Capitolio, bajo el argumento de la “reconciliación nacional”. En los hechos, el Estado utilizó su poder para rehabilitar políticamente a quienes atentaron contra sus propias instituciones.
Lejos de cerrar heridas, esta decisión profundizó la polarización y abrió una batalla por la memoria histórica. Para amplios sectores conservadores, el 6 de enero es presentado como una protesta exagerada por los medios; para otros, como un episodio menor ya superado. La violencia política, el intento de anular una elección y la responsabilidad del entonces presidente quedan así diluidos en un relato de olvido conveniente.
Una advertencia para América Latina
Desde una mirada latinoamericana, la lección es inquietante. Estados Unidos no demostró que su democracia es invulnerable, sino que sus élites políticas cuentan con mecanismos eficaces para blindarse ante la rendición de cuentas. El asalto al Capitolio no terminó con una depuración institucional, sino con un pacto implícito de tolerancia.
Cinco años después, el mensaje es claro y peligroso: en la principal potencia mundial, un intento de subvertir el orden democrático puede no sólo quedar impune, sino ser recompensado políticamente. Para México y América Latina, donde la historia del intervencionismo estadounidense sigue viva, el 6 de enero no es una anécdota ajena: es una advertencia sobre lo que ocurre cuando el poder decide perdonarse a sí mismo.
