Madrid, 1 de julio de 2025 – La Policía Nacional ha procedido a la detención de dos jóvenes en Gran Canaria, identificados por sus alias como «akkaspace» y «Pakito», nacidos en 2006 o después, quienes se mantienen acusados de un presunto delito de filtración y venta de datos privados pertenecientes al gobierno de España.
La información, difundida por el periódico El País, señala que los individuos habrían operado un modelo de negocio ilícito que ofrecía una herramienta para extraer información personal de ciudadanos españoles a cambio de 200 euros por cada paquete de datos. Entre los afectados, cuyos datos personales resguardaban en un dominio ruso, habría varios militantes del partido Podemos, así como del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Según el reportaje del país, los hackers ofrecían su herramienta como un recurso legal, que permitía a sus compradores conocer si sus datos personales se encontraban filtrados a la red o vulnerados de alguna forma.
Este suceso subraya la creciente amenaza que representan las vulneraciones de la ciberseguridad para la integridad de la información gubernamental y la privacidad de los ciudadanos. La investigación preliminar sugiere que los detenidos accedían a bases de datos con información sensible, para posteriormente comercializarla, comprometiendo así la confidencialidad y seguridad de los datos. Los anuncios a sus potenciales compradores los hacían los hackers por medio de una página de Telegramm.
En España, este tipo de acciones está tipificado en el Código Penal. Los acusados se enfrentarían a cargos relacionados con delitos contra la intimidad y la revelación de secretos, específicamente bajo el Artículo 197. Dicho artículo establece que
«el que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses».
Adicionalmente, si los datos revelados son de carácter personal y se obtienen o difunden con ánimo de lucro, o si afectan a datos de carácter reservado que el acusado tuviera conocimiento por razón de su cargo o profesión, las penas podrían incrementarse, alcanzando hasta cinco años de prisión. Dada la naturaleza de los datos y el presunto beneficio económico, es probable que se apliquen agravantes que endurezcan las posibles condenas. La investigación continúa abierta para determinar el alcance total de la filtración y posibles conexiones adicionales.
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