El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció que grupos vinculados al crimen organizado estarían impulsando las protestas que exigen su renuncia, en medio de una crisis social que suma más de cinco semanas de bloqueos carreteros. La tensión escaló después de que el mandatario promulgó una ley que amplía sus facultades para decretar estados de excepción y permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas.
Las movilizaciones han sido encabezadas por obreros, campesinos, mineros, transportistas y maestros, quienes mantienen presión contra el gobierno mediante cierres de vías que han afectado el abastecimiento y la movilidad en distintas regiones. El Ejecutivo boliviano sostiene que dentro de las protestas operan grupos violentos ajenos a las demandas sociales, luego de denunciar que cuatro policías resultaron heridos de bala en intentos por liberar carreteras.
Paz afirmó que los sectores más agresivos estarían relacionados con facciones criminales y tráfico de drogas, por lo que advirtió que el Estado actuará contra quienes busquen desestabilizar el país. El señalamiento ocurre en un contexto delicado, porque la frontera entre atender hechos de violencia y restringir el derecho a la protesta puede convertirse en un punto crítico para la democracia boliviana.
La nueva legislación permite al presidente decretar estados de excepción con alcance territorial, duración, medidas extraordinarias e instituciones encargadas de ejecutarlas. En la práctica, la norma abre la puerta al uso de militares para contener protestas, una medida que genera preocupación por sus posibles efectos sobre libertades de reunión, tránsito y movilización.
El gobierno defendió la promulgación bajo el argumento de proteger a las mayorías y preservar el orden constitucional frente a quienes, según Paz, buscan irrumpir el proceso democrático. Sin embargo, el uso de una narrativa de seguridad frente al conflicto social también recuerda estrategias frecuentes de gobiernos de derecha y ultraderecha, que suelen presentar la protesta como amenaza antes que como síntoma de crisis política.
Bolivia entra así en una fase de mayor confrontación entre movilización social, respuesta institucional y militarización potencial del conflicto. Aunque el gobierno afirma que busca enfrentar a grupos violentos, el reto será evitar que esa justificación derive en criminalización generalizada de sectores populares que reclaman en las calles, en un país marcado por tensiones históricas entre poder político, fuerzas sociales y control estatal.
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