La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) anunció este viernes la suspensión del gobierno entrante de Bolivia, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, quien asumirá el próximo 8 de noviembre, tras considerar que su futura administración mantiene una “conducta antibolivariana, proimperialista y colonialista”.
En un comunicado difundido por Venezolana de Televisión, la organización regional —integrada por Venezuela, Cuba, Nicaragua y varios países caribeños— calificó como “inaceptables” las declaraciones del mandatario electo boliviano, quien en días recientes afirmó que su gobierno solo establecerá relaciones con naciones que “tengan la democracia como principio”.
“Esta suspensión no afecta los vínculos permanentes, afectivos y solidarios que mantenemos con el pueblo boliviano”, precisó la alianza, subrayando que la decisión se limita al gobierno y no al país andino.
El pronunciamiento ocurre luego de que Paz señalara que su administración no está interesada en mantener vínculos con gobiernos “que no tienen democracia”, en clara referencia a los regímenes de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, aliados históricos del bloque bolivariano.
Durante una entrevista con la agencia EFE en La Paz, el presidente electo afirmó además su intención de “retomar las relaciones con Estados Unidos”, interrumpidas a nivel diplomático desde 2008, cuando el entonces presidente Evo Morales expulsó al embajador estadounidense acusado de conspiración.
La ALBA, fundada en 2004 por Hugo Chávez y Fidel Castro como un mecanismo de integración “antiimperialista y solidario”, consideró que las posturas del próximo gobierno boliviano “atentan contra los principios de respeto, soberanía y cooperación” que sustentan el bloque.
Bolivia se unió a la ALBA en 2006, durante el primer mandato de Morales, consolidando una relación estrecha con Venezuela y Cuba. Sin embargo, la victoria del centrista Paz marca un giro drástico en la política exterior boliviana, con un enfoque orientado hacia democracias liberales y el restablecimiento de lazos con Washington.
La suspensión del país andino representa la primera vez que la alianza aplica una sanción de este tipo a un Estado miembro, en medio de un contexto regional de recomposición política y tensiones ideológicas entre gobiernos de izquierda y administraciones más moderadas.
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