SAN PABLO, BRASIL, 29 DE JUNIO DE 2025. Este domingo, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro encabezó una marcha en su favor y en contra de una posible sentencia condenatoria en la Corte de su país por el delito de intento de golpe de estado.
Los manifestantes fueron convocados por las estructuras de movilización social que Bolsonaro aún comanda a presentarse vestidos de amarillo y verde, colores distintivos del lábaro brasileño. El conglomerado, integrado por miles de simpatizantes de la ultraderecha de todas las edades y estratos socio económicos, marchó varias cuadras a lo largo de la Avenida Paulista, en el límite entre la zona Centro-Sur, central o occidental de la metrópoli, misma que además de constituir un importante referente de entretenimiento, es un núcleo histórico para movilizaciones políticas.
Bolsonaro estuvo acompañado de su esposa, Michelle Bolsonaro, presidenta del ala femenina del Partido Liberal; el gobernador de Minas Gerais Romeu Zena; y personalidades prominentes del Partido Liberal.
Ante los asistentes, Jair Bolsonaro se deslindó una vez más sobre la intentona de golpe de estado el 8 de enero de 2023:
«No decomisaron ningún arma ese día. ¿Qué intentona es esa, sin arma, con ancianos, mujeres y madres cargando banderas y biblias? Un golpe se da con Fuerzas Armadas y con armas.»
De este modo caracterizó el expresidente el conjunto de episodios violentos configurados en edificios del gobierno de Brasil, que alcanzaron su punto culminante en el Asalto a la Plaza de los Tres Poderes, al anochecer del 8 de enero de 2023.
El intento de golpe de Estado: una historia de otro mundo
Tras su derrota en las elecciones presidenciales de 2022, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro se vio cobijado por una compleja estructura de apoyo que, según investigaciones en curso, buscó subvertir el resultado democrático que dio la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Este entramado no solo incluyó a sus seguidores más fervientes, sino que se extendió a figuras militares, actores políticos cercanos y redes de desinformación.
La base de este apoyo se manifestó en las protestas masivas y persistentes que se mantuvieron por meses frente a los cuarteles del ejército en Brasil. Miles de bolsonaristas, vestidos con los colores de la bandera brasileña, exigían una intervención militar para impedir la toma de posesión de Lula da Silva. Estas movilizaciones, a menudo alimentadas por la desinformación difundida a través de plataformas de mensajería como WhatsApp y Telegram, fueron un pilar en la presión ejercida sobre las instituciones democráticas. Algunos incidentes llegaron a extremos, como el uso de teléfonos móviles para «pedir ayuda» a los extraterrestres, como lo demuestra metraje en video capturado en Porto Alegre noviembre de 2022, que no tardó en viralizarse.
Los núcleos de la estructura de apoyo a Bolsonaro, sin embargo, no comenzaron en las calles. Las investigaciones de la Policía Federal (PF) y el Ministerio Público han revelado una «organización criminal armada» con una «orden jerárquica» y «fuerte influencia de sectores militares». Dentro de los principales involucrados en este presunto intento de golpe de Estado, además del propio Bolsonaro, se mencionan nombres clave como Augusto Heleno Ribeiro Pereira (exministro de Seguridad Institucional), Walter Souza Braga Netto (exministro de Defensa y excandidato a vicepresidente), Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira (exministro de Defensa), y Anderson Torres (exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal). También ha sido señalado Mauro Cid, teniente coronel y exedecán de Bolsonaro, por su presunta colaboración en la planificación y reclutamiento de personal militar y civil.
Altos mandos castrenses han declarado a la policía que Bolsonaro les expuso un plan para revertir el resultado electoral, buscando la creación de una comisión para «investigar la confirmación y la legalidad del proceso electoral» y contemplando una posible «intervención» militar.
El financiamiento de estas protestas y actividades también está bajo escrutinio, con la fiscalía investigando los recursos que sustentaron las movilizaciones y la red de desinformación que propagó teorías de fraude electoral. Aunque los bolsonaristas defienden que sus acciones eran «por la democracia», las autoridades consideran que los elementos recopilados configuran un intento de subversión del orden constitucional.
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