El Gobierno de Javier Milei oficializó la venta de cuatro represas estratégicas —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— como parte de su plan de privatización energética. La medida se formalizó mediante la Resolución 1569/2025, que modifica las condiciones del concurso internacional para concesionar estos activos por 30 años.
Las nuevas concesiones podrán extenderse a cambio de un canon anual y compromisos ambientales, aunque los detalles técnicos aún no han sido divulgados. El Ejecutivo busca cerrar el proceso antes de fin de año, para que las empresas adjudicatarias asuman la operación en el primer trimestre de 2026.
La decisión se da en un contexto de débil control institucional. La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones fue conformada apenas en octubre, tras dos años de demora, y enfrenta una reconfiguración inminente por el vencimiento de mandatos de cinco de sus doce integrantes.
Un modelo neoliberal que revive los años noventa
El marco legal que habilita esta privatización es la Ley 23.696, utilizada durante el menemismo, lo que ha despertado críticas por repetir esquemas que desmantelaron el patrimonio público argentino.
Federico Basualdo, exsubsecretario de Energía, alertó sobre los riesgos económicos del pliego. “Están dolarizando ese ingreso que van a recibir las empresas. Por otro lado, ajustan ese ingreso por la inflación norteamericana”, explicó a Página 12. Según Basualdo, esto podría derivar en contratos inviables y litigios internacionales costosos.
Tensiones federales por el control del agua
Las represas en venta regulan los ríos Limay y Neuquén, esenciales para el abastecimiento de agua, riego y turismo en Río Negro y Neuquén. En conjunto, aportan cerca del 20% de la generación hidráulica nacional.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, criticó la decisión unilateral del Ejecutivo, reclamando un nuevo esquema federal para administrar los recursos hídricos. Desde Río Negro, funcionarios advirtieron que la reprivatización “afecta los intereses provinciales”.
Un proceso opaco y sin precio base
La ruta privatizadora comenzó en 2024 con la creación de sociedades anónimas transitorias, controladas por Enarsa (98%) y Nucleoeléctrica Argentina (2%), para recibir las concesiones tras el vencimiento de los contratos de los años 90.
El Decreto 590/2025 autorizó la venta de estas sociedades sin establecer un precio base, lo que abre la puerta a una posible subvaloración de activos estratégicos.
Más allá de las represas: el desmantelamiento continúa
La venta de las hidroeléctricas se inscribe en un plan más amplio de privatización, que incluye empresas como Intercargo, Corredores Viales, AySA y Nucleoeléctrica. Mientras tanto, la oposición legislativa expresa su preocupación por la pérdida de soberanía energética e hídrica.
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