El endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump ha derivado en un cambio profundo en los mecanismos de detención. Un análisis de la Universidad de California Berkeley documenta que los arrestos de migrantes en la vía pública se multiplicaron por once en el primer año de su administración, lo que representa un incremento superior al 1,000 por ciento. Este aumento no solo refleja una intensificación operativa, sino también una redefinición de las prioridades en materia migratoria, con mayor presencia de agentes en espacios cotidianos.
De acuerdo con el Proyecto de Datos sobre Deportaciones, este crecimiento en detenciones fuera de entornos penitenciarios constituye un fenómeno inédito en la política migratoria reciente. El estudio detalla que los operativos ahora incluyen con mayor frecuencia tribunales migratorios y oficinas administrativas, lo que amplía significativamente los puntos de intervención de las autoridades. Esta estrategia, según el análisis, rompe con esquemas anteriores donde los arrestos se concentraban en personas ya bajo custodia o con procesos penales abiertos.
El informe también señala que, aunque las transferencias de personas desde cárceles hacia custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) aumentaron, ya no representan el núcleo de las detenciones, como ocurría antes de 2025. En su lugar, se observa un desplazamiento hacia la captura directa en espacios públicos, lo que incrementa la exposición de comunidades migrantes en su vida diaria. Esta modificación operativa implica un alcance más amplio de las acciones de control migratorio, con efectos directos en la percepción de seguridad de estos grupos.
Uno de los hallazgos más relevantes es que la política actual ha reducido de forma considerable el enfoque en personas con antecedentes penales, lo que ha derivado en un incremento significativo de migrantes sin historial delictivo entre los detenidos. El estudio indica que este grupo creció más de ocho veces, con un aumento cercano al 770 por ciento. Este cambio sugiere un criterio más amplio en la aplicación de detenciones, que deja de priorizar perfiles específicos y extiende el impacto a sectores previamente menos afectados.
El endurecimiento también se refleja en las deportaciones, que se quintuplicaron durante el periodo analizado, impulsadas tanto por la ampliación de centros de detención como por la reducción drástica de liberaciones. Actualmente, solo el 7 por ciento de los casos termina en liberación, lo que evidencia un sistema más restrictivo. A la par, los tiempos de expulsión se han acelerado de manera notable, duplicando la proporción de deportaciones ejecutadas en menos de dos meses y reduciendo los márgenes de permanencia.
Este escenario ha generado reacciones tanto sociales como políticas dentro y fuera de Estados Unidos. En diversas ciudades, miles de personas han salido a manifestarse contra las redadas y deportaciones, en movilizaciones que han replicado el mensaje de rechazo a estas políticas. Al mismo tiempo, legisladores han comenzado a plantear mecanismos constitucionales para evaluar la continuidad de Trump en el cargo, mientras encuestas recientes muestran una caída en su nivel de aprobación y un respaldo creciente a un posible proceso de destitución, reflejando el impacto político de su estrategia migratoria.
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