La Corte Suprema de Brasil ordenó este martes reforzar la vigilancia policial en la residencia del expresidente Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria, tras considerar que existe un “riesgo de fuga”.
La decisión fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes en respuesta a un pedido de la Fiscalía, luego de que la Policía Federal encontrara en un teléfono incautado al exmandatario un borrador de solicitud de asilo político dirigido al presidente argentino, Javier Milei.
Los abogados de Bolsonaro rechazaron la medida, asegurando que el documento data de febrero de 2024, cuando todavía no se le atribuía responsabilidad penal por el supuesto intento de golpe de Estado. También negaron que las gestiones realizadas en Estados Unidos por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, configuren una obstrucción judicial, como lo señala la Policía Federal.
De acuerdo con las investigaciones, Eduardo Bolsonaro, instalado en Estados Unidos desde hace seis meses, ha buscado respaldo de figuras de la ultraderecha y del entorno del presidente Donald Trump para presionar contra el juicio penal por golpismo. La Fiscalía sostiene que esas gestiones habrían derivado en sanciones económicas a Brasil, incluidos aranceles del 50 % a varias exportaciones, así como la cancelación de visados a magistrados del Supremo y a ministros del actual Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
El mes pasado, el Supremo ya había impuesto al líder ultraderechista medidas cautelares, como el uso de una tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales. Tras constatar violaciones a esas restricciones, el tribunal ordenó su prisión domiciliaria.
El caso más grave que enfrenta Bolsonaro es la acusación de encabezar una conspiración para impedir la toma de posesión de Lula da Silva tras las elecciones de octubre de 2022. La fase de sentencia de este juicio está prevista para iniciar el próximo 2 de septiembre y podría definir el futuro político y judicial del exmandatario.
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