24 DE AGOSTO DE 2025. La Aduana de Kapitan Andreevo, un punto de entrada crucial a la Unión Europea en la frontera entre Bulgaria y Turquía, ha confiscado cerca de 70 botes inflables de contrabando en lo que va 2025. Por segundo año consecutivo, los agentes aduaneros búlgaros, a petición del Reino Unido, han estado deteniendo estas embarcaciones, que los traficantes utilizan para el traslado ilegal de migrantes a través del Canal de la Mancha. En los últimos 24 meses, las autoridades interceptaron casi 200 botes escondidos en camiones.
Krasimir Chapkanov, Jefe de la Unidad Operativa de Kapitan Andreevo, relató a la agencia europea de noticias Euronews el caso más reciente: sus oficiales descubrieron 20 botes ocultos en un camión turco, declarados falsamente como lonas. Los agentes encontraron las embarcaciones de goma, con fondo y costados rígidos, escondidas en grandes bultos.
Este puesto de control, uno de los más activos de la UE, ha sido históricamente un punto de entrada para el crimen organizado y el contrabando, lo que ha obstaculizado la entrada de Bulgaria al espacio Schengen. La incautación de botes inflables no es la única victoria reciente de la policía. El 13 de septiembre de 2024, en una operación conjunta, las autoridades confiscaron piezas de oro, joyas, lingotes y monedas sin declarar, valoradas en 5 millones de euros, escondidas en un vehículo.
¿Cómo terminaron las lanchas inflables clasificadas como contrabando?
La clasificación de los botes inflables como contrabando no es un hecho aislado, sino un resultado directo de la «teoría de la securitización», un concepto de los teóricos Buzan y Wilde que vale la pena traer a colación. Desde esta perspectiva, la migración forzada se ha convertido en un «objeto de referencia», es decir, un tema que los actores políticos utilizan para presentarlo como una amenaza existencial a la seguridad nacional. Al hacerlo, justifican la adopción de medidas extraordinarias, como reforzar las fronteras y criminalizar a quienes buscan refugio.
En el caso de Kapitan Andreevo, las lanchas inflables, un medio precario de transporte utilizado por personas vulnerables, se transformaron en un «acto del habla» de los traficantes, representando una amenaza que justifica la militarización de la frontera. El éxito de esta narrativa se mide por cómo la audiencia, en este caso los ciudadanos y el gobierno, acepta la idea de que la migración es una amenaza, y no un problema humanitario. La incautación masiva de estos botes no solo muestra la efectividad de los controles, sino que también refuerza la idea de que los migrantes son una amenaza a la seguridad, lo que legitima políticas cada vez más estrictas y deshumaniza el sufrimiento de quienes intentan cruzar.
¿Le suena conocido, lectoría mexicana?
Tal vez nuestra lectoría recuerde el caso del activista chiapaneco Luis García Villagrán, quien fue detenido el 5 de agosto bajo cargos de «tráfico de personas» y liberado a pocos días de su detención, el día 11 del mes en curso, después de que un juez determinara no vincularlo a proceso por los cargos de delincuencia organizada y tráfico de migrantes. Su detención, o había generado una fuerte polémica y protestas, ya que fue capturado en vísperas de la salida de una caravana migrante que él mismo había impulsado.
Los abogados de García Villagrán lograron demostrar ante el juez que el activista es beneficiario del mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. Con esto, se reafirmó su rol como defensor de derechos humanos migrantes, desestimando la acusación de tráfico de personas. La defensa presentó pruebas y la declaración del imputado, llevando al juez Jonathan Izquierdo a ordenar su inmediata libertad. Sin embargo, tanto la FGR como la Presidencia de la República dejaron en claro, tras su liberación, que las investigaciones continuarían. ¿Qué tiene esto que ver con el asunto de las lanchas inflables en la frontera entre Turquía y Bulgaria?
En la aduana de Kapitan Andreevo, el gobierno búlgaro, actuando bajo presión del Reino Unido, convierte a las lanchas inflables en el objeto de referencia de una amenaza. El acto discursivo de los actores de la seguridad consiste en catalogar estas embarcaciones como «contrabando» y «tráfico de migrantes», transformando un medio precario de viaje en un instrumento del crimen organizado. Esta narrativa justifica la incautación masiva y el endurecimiento de los controles fronterizos, moviendo la respuesta del ámbito humanitario al de la seguridad.
De manera similar, el Estado mexicano, bajo presión del gobierno de Estados Unidos para restringir su política migratoria, convierte la actividad de un activista en una amenaza a la seguridad. El acto del habla consiste en acusar a Luis Rey García de «delincuencia organizada» y «tráfico de migrantes». Esta caracterización permite que el gobierno utilice una operación de seguridad a gran escala para su detención, una medida extraordinaria contra un líder social que ha sido una figura pública y localizable por años. La detención de un individuo y el fracaso judicial del caso subrayan que el objetivo no era la justicia, sino enviar un mensaje político para demostrar que México estaba endureciendo su postura, respondiendo a la presión de Washington.
Ambos casos muestran cómo la securitización de la migración transforma un problema humanitario en un riesgo de seguridad, legitimando acciones que de otro modo serían vistas como excesivas o desproporcionadas.
FOTOGRAFÍA: SOFÍA GLOBE
